Opinión

¿Hubo algo legal en el gobierno de Áñez?

(La Razón. Carlos Moldiz Castillo).- El editorial del pasado domingo 30 de mayo del periódico Página Siete me resultó en extremo divertido. Despotricar contra Murillo seguramente es algo que muchos “pititas” están haciendo estos días, y con razón, pero criticar que las investigaciones se extiendan a otros funcionarios del gobierno de Áñez y terminar diciendo “no hay familia sin una oveja negra y debe cuidarse quien hace ese tipo de condenas políticamente motivadas de no ser mañana también acusado por contigüidad política” me sonó muy condescendiente para con uno de los gobiernos que acumuló incontables actos de corrupción en tiempo récord.

A estas alturas, cabría preguntarse: ¿Qué fue legal durante los días de Áñez? Fuera de las masacres y la violación sistemática de derechos humanos, me vienen a la mente casos como el de los respiradores en plena pandemia, los sobresueldos de Entel, las compras irregulares en YPFB, la venta de cargos en el Ministerio de Educación (ni su vehículo oficial se salvó del hijo de Cárdenas), el uso irregular de los aviones de la FAB para la hija de la entonces presidenta. Los editores de Página Siete deberían saberlo, hicieron varios editoriales al respecto.

El problema es que la violación de la Constitución fue un asunto cotidiano después del golpe de Estado. A tal punto que incluso los militares se sintieron tan envalentonados que se atrevieron a irrumpir en la Asamblea Legislativa. Todavía recuerdo el artículo de un general poco después del incidente, también en Página Siete, Wilfredo Viscafe Paredes, quien se dio la libertad de advertir que “lo que es peligroso es referirse a una gran institución (las FFAA) cuestionando e insultando, como hacen algunos políticos”. No era muy difícil encontrar bravucones así en aquel entonces.

No, Murillo no fue una excepción, es la punta del iceberg. De hecho, fueron tantos los casos de corrupción durante el gobierno “transitorio” que podemos advertir un patrón, una regularidad o regla: se tomó el Estado para proceder a su inmediato saqueo y en una dirección particular: la burguesía agroexportadora. ¿Quiénes pusieron a esos cleptómanos al mando? Fueron Camacho (muy admirador de la cultura gansteril) y la oligarquía terrateniente del oriente, que colocó a sus peores exponentes para aprobar el uso de transgénicos, darle tierras a Marinkovic y forzar créditos del FMI para el beneficio de su élite, sabiendo que no habría otro momento para hacerlo (no puedo imaginar a la derecha ganando una elección). Este esquema de desfalco sustentado en el poder empresarial merece un nombre. Lo llamaría capitalismo de caras conocidas si no fuera por el rol que jugaron en todo esto bandas de motoqueros provenientes del mundo del hampa, como Yassir Molina, que le añaden un elemento delincuencial a todo el asunto.

Creo que lo mejor que podemos hacer para diferenciar ese periodo de paréntesis constitucional en el que se mataba y robaba con impunidad es advertir su origen: un golpe de Estado. ¿Qué legalidad puede emerger de una transición política de ese tipo? Todo acto que se derive de ello, por lo tanto, es necesariamente sospechoso de ser contrario a las leyes y la Constitución, por lo cual, la advertencia del editorial que señalé al principio de esta opinión no puede ser tomada en serio. No es que por ello debamos confiar en la justicia boliviana, pero me parece demasiado conceder la presunción de inocencia a los miembros de un gobierno cuyos delitos han sido registrados en numerosas fuentes documentales y en la memoria traumatizada de mis compatriotas.

Carlos Moldiz Castillo es politólogo.