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CORONAVIRUS Y MAS MORDAZA A LA PRENSA EN BOLIVIA

(Especial para Bolivia Ahora)

Aun resuenan en nuestros oídos aquellas palabras fatídicas pronunciadas por la entonces Ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, una vez asumió su cargo tras el cruento golpe de estado de noviembre de 2019 en Bolivia, amenazando con procesos penales a periodistas y “pseudoperiodistas”, nacionales e internacionales, por sedición. “Además, indicando que ‘esos periodistas ya están identificados´ y que el ministro de Gobierno ‘va a tomar las acciones pertinentes’; lo que es elocuente ejemplo del marco en el que se ha tenido que desarrollar el trabajo de los medios y las y los comunicadores en el país, especialmente de los medios alternativos contestarios que aun desarrollan un trabajo valiente enfrentando el peligro, la desinformación, manipulación y amarillismo en el que han caído lamentablemente la mayoría de medios que al unisono solo repiten el mismo guión que parece prerfabricado en el palacio de gobierno…

En ese panorama complejo, agudizado aún mas por la presencia de la pandemia del Coronavirus, el 25 de marzo de 2020, la presidenta Jeanine Áñez promulgó el Decreto Supremo 4200, que amplió las medidas de cuarentena por el Covid-19. Una de sus disposiciones (artículo 13.II) estipula que las “personas que inciten el incumplimiento del presente Decreto Supremo o desinformen o generen incertidumbre a la población, serán sujeto de denuncia penal por la comisión de delitos contra la salud pública”.

Se hace por lo tanto un alerta especial expresando desde este espacio la  grave preocupacion por la aprobacion de este Decreto que sanciona con prisión  el desinformar o incitar a delitos contra la salud para enfrentar el COVID 19 siendo una figura amplia y vaga que amenza a la informacion periodistica lo que puede dar lugar sin lugar a serias dudas, a una mayor accion injustificada en contra de personas y medios que estan doblemente amenazados si se salen de lo establecido…Abre, además, este Decreto el camino para agudizar un control y censura cada vez mas rigida y la perspectiva clara de un regimen mas totalitario y represor en todos los campos…

En ese contexto la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH en comunicado en su cuenta de twitter en dias pasados, alega ante esta situación un desproporcionado uso del derecho penal para criminalizar expresiones de interés público y pide al Gobierno dejar sin efecto lo decretado. “La norma no cumple con principio de legalidad y no se ajusta al interés imperioso de proteger la salud”, mencionado ademas, que “La CIDH expresa grave preocupación por la aprobación de este decreto en Bolivia que sanciona con prisión “desinformar” o “incitar a delitos contra la salud” para enfrentar el Covid-19. Es una figura amplia y vaga que amenaza cualquier posible crítica de políticas o información periodística que intente indagar en estos temas.

Es claro que este indicador nos dice claramente que desde este gobierno de facto estan trabajando para legitimar la violencia, con la supuesta justificación de prever un estallido social o para cortar de raiz una rebelion  popular y de esta manera erradicar el principal partido de oposicion, esto es el MAS y consolidar su gobierno.

Se estarían repartiendo para avanzar en estos objetivos, cuantiosas sumas de dinero a medios de comunicación afines y a fin de mantenerlos sumidos según su conveniencia, asi como a los candidatos presidenciales que son los personajes complotados en contra del gobierno de Evo Morales y su victoria legitima en las elecciones del mes de octubre y a miembros del propio gobierno transitorio empezando por la propia Presidenta…repartiendo discrecionalmente altos montos de fondos de préstamo de emergencia del propio Banco Central de Bolivia y de la cooperacion internacional, según varias denuncias de personas ligadas incluso directamente al mismo gobierno…

Haciendo Memoria

En el informe dado a conocer recientemente por parte de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, en un apartado firmado por el relator Edison Lanza, expresa éste, en relación a la crisis de octubre y noviembre su preocupación sobre casos de “persecución y hostigamiento” a periodistas independientes y comunicadores populares.

En ese sentido se menciona al periodista argentino Sebastián Moro quien podría ser la primer víctima de la persecución a la prensa según el reporte elaborado en dias pasados por el periodico Renacer de Buenos Aires, Argentina. “Un día después, el 10 de noviembre, y tras haber enviado el último artículo al medio argentino sobre la situación en Bolivia, el periodista Sebastian Moro fue encontrado inconsciente en su domicilio y fallecería seis días después en una clínica privada”, dice el informe.

El periodista argentino Sebastian Moro fue una de las primeros victimas de la represion a la prensa durante el golpe de estado en noviembre de 2019.

Cita el Informe de la CIDH también al corresponsal de la Izquierda Diario, Carlos Cornejo, el artista Leonel Jurado, el colaborador de Desinformémonos de México, Juan Trujillo, el estudiante de cine de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) Alexander Fernández y los gestores de redes sociales Orestes Sotomayor y Alejandra Salinas, que han sido arrestados o procesados “a través del uso de figuras penales como ‘terrorismo’ y ‘sedición’”.

Debemos mencionar, además, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos CIDH identificó, entre otros hechos muy preocupantes, la existencia de 68 mil cuentas en twitter falsas creadas en apoyo al gobierno de facto en Bolivia. La Comisión habria señalado que desde la renuncia de Evo Morales las cuentas han apoyado 14 hastag como #NohayGolpeenBolivia,# BoliviaLibreDemocratica, #EvoEsFraude, #BoliviaUnida, #EvoNarcoterrorista, entre otros. Se trataría de 252.090 cuentas diferentes que hicieron 1.048.575 tuits del 9 al17 de noviembre de 2019, según se detalla en informe de la visita de observacion realizada a finales de noviembre y publicado el 10 de abril de 2020.

Y que decir en medio de este grave contexto lo sucedido con los medios comunitarios acallados o censurados en Bolivia despues del mencionado Golpe de Estado, en especial aquellos que fueron parte del Sistema de Radios de Pueblos Originarios RPOs, intervenidos inclusive violentamente en su gran mayoría, asi  como las constantes amenazas y cierre arbitrario de cuentas y sitios web de quienes ozan decir la verdad de lo que sucede realmente en Bolivia y estan hoy criticamente alertando sobre la urgencia, por ejemplo, de que las medidas sanitarias y cuarentenas sean acompañadas de políticas en salud que garanticen, principalmente, el derecho humano a la salud y a una vida digna de todas las personas y pueblos, o bien a exigir se transparente el uso discrecional, delincuencial y abusivo de recursos de prestamos por la pandemia tanto del Banco Central de Bolivia BCB como de donación de la cooperaciòn internacional por parte del gobierno golpista.