Los abusos de las transnacionales en Guatemala llegan a la ONU

El escritor ecuatoriano Jorge Icaza, uno de los mayores exponentes de la literatura indigenista del siglo XX, reconocía poco antes morir en 1978 que la exclusión racial que sufrían los pueblos originarios americanos le provocaba una inmensa ira «ante la injusticia cometida por una civilización que se autodefine como moderna, pero que sólo deja un inmenso vacío espiritual».

Convivir con los efectos devastadores de aquel capitalismo colonial le empujó a escribir en 1934 la tragedia “Huasipungo”, una obra demasiado olvidada en estas latitudes, y cumplir así su gran deseo de matar al latifundista. Lo que Icaza relata de manera descarnada son la serie de males que, vistos en perspectiva, siguen presentes en la realidad del continente 90 años después: antropocentrismo del poder criollo, explotación de la naturaleza, indiferencia ante el sufrimiento de los miserables, usurpación de la propiedad de la tierra y alienación de los grupos sociales considerados inferiores, es decir, de los indígenas.

Añade Icaza, indignado: «El racismo es la ideología imperante en Occidente, porque expone en toda su plenitud la esencia del sistema que trata de imponer, el que somete al nativo, le empobrece y le niega la vida que siempre tuvo». Y, en medio de esa catástrofe inmóvil, Guatemala, uno de los mejores ejemplos de la desigualdad latinoamericana desde que el exterminio maya instigado por las oligarquías locales en los años 80, se transformó en un país consagrado al derecho privado, donde cualquier compañía puede comprar un río o una montaña sin que ocurra nada por ello.

El caso del guatemalteco Bernardo Caal Xol es uno de los más paradigmáticos. Líder comunitario del pueblo q’eqchi’ y maestro de escuela, encabezó las protestas contra esa interesada alianza público-privada en el departamento de Alta Verapaz para construir seis centrales hidroeléctricas sobre un cauce sagrado. Como cabía esperar, en 2018 recibió un obsceno escarmiento. Fue detenido y condenado a 7 años de prisión en un juicio-farsa sin que Jimmy Morales, que entonces dirigía el país, prestara oídos a la campaña internacional contra la arbitrariedad de la Justicia y la mano de hierro de las empresas que operan en Guatemala.

Solo entre enero y julio de aquel año se verificaron 137 agresiones y la ejecución de 21 líderes indígenas contrarios a la depredación extractivista que se estaba produciendo en la región. Hasta hoy, nadie ha pagado por ello. Derrumbaron cerros, contaminaron tierras y desviaron 50 de los 195 kilómetros del cauce del río que abastece a una docena de comunidades q’eqchi’. Como si sus 30.000 habitantes no bebieran, no cultivaran y no existieran. El panorama que Caal dejó al entrar en prisión era el de un desgarro sin fin, y así continúa. El agua ha sido privatizada para generar una energía eléctrica que no disfrutan sus pobladores.

Con al apoyo proporcionado por Amnistía Internacional, Caal recobró el pasado año su libertad parcial. Ahora está en València, a punto de iniciar una gira por instituciones como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (Acnudh) en Ginebra, el Parlamento europeo y ateneos y universidades del Estado español para denunciar las nefastas consecuencias de esta política sobre una población que vive en la miseria. Entre el 10 y el 16 de marzo visitará Euskal Herria de la mano de Mugarik Gabe para participar en una serie de actos ya programados. En abril retornará a su convulsionado país.

«SON CAPACES DE TODO»

En conversación telefónica, el maestro q’eqchi’ ofrece un diagnóstico poco alentador de la actual Guatemala y advierte: «El nuevo Gobierno de Bernardo Arévalo no lo tendrá sencillo, porque los corruptos ocupan todas las estructuras del Estado menos el Ejecutivo. Es muy posible que haya un golpe de Estado. Las comunidades decidieron salir a la calle a defenderle no porque apoyen la política del Movimiento Semilla que él representa sino porque es una opción de poner fin al ‘Pacto de corruptos’ que ha colonizado el sistema institucional a favor de la pura destrucción”. Y sobre su futuro personal dice que el peligro y el miedo no han desaparecido. «Las hidroeléctricas son capaces de todo. He temido por mi vida pero en abril volveré para continuar la lucha», sentencia.

Una de las empresas señaladas por el líder indígena es Cobra S.A., firma adscrita el emporio ACS que dirige el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Cobra construyó el megacomplejo hidroeléctrico Renace, seis represas en cascada por el río Cahabón con túneles de conducción del agua que cruzan el departamento de Alta Verapaz. Esto provocó la destrucción de buena parte del ecosistema y la vida de una población que, a pesar de la prosperidad que se le prometió, subsiste con dos euros al día y casi sin luz eléctrica. «La Corte Suprema ha dictado amparo a favor de las comunidades indígenas afectadas. Ha dejado en suspenso las licencias para construir otras dos centrales hidroeléctricas de la empresa Oxec -otro consorcio energético filial de Energy Resources Capital Corp con sede en Panamá- y obliga al Estado a realizar una consulta entre la población local en base al Convenio 169 de la OIT», añade Caal, que no esconde su indignación por un colonialismo que les sigue tratando como pueblos subdesarrollados y salvajes.

Se rebeló contra esto. Conoce el Popol Vuh, uno de los pocos códices mayas que sobrevivieron a la conquista, cuya parte mitológica comienza en la puerta de su casa. La tierra, el aire, la lluvia, los árboles, la energía. Esos son los referentes de su existencia. «Me persiguieron y me crearon una campaña de difamación basada en calumnias. Además de las órdenes de captura, mi nombre y mi cara salían constantemente en los medios. Hablaban de mí como una persona contraria al desarrollo», recuerda. «Una condena dictada desde la soberbia de empresas occidentales que sólo buscan la complicidad de Gobiernos dóciles para acceder a nuestras fuentes de la riqueza», añade.

Y desde esa posición explica que zonas como Huehuetenango, Izabal, Sololá o en el propio departamento del Quiché hayan sufrido una descomposición física, moral y humana descomunal. Una podredumbre que asfixia y mata no sólo en Guatemala. Caal recuerda a Lolita Chávez, a la que ametrallaron por impedir el paso de las máquinas madereras dispuestas a arrasar los bosques de Santa Cruz. Pero tampoco olvida a Berta Cáceres, la activista lenca a la que mataron en Honduras por oponerse al proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca; ni a Ovidio Xol, un joven guatemalteco de 20 años desaparecido en 2014 por oponerse a la expropiación forzada de tierras para construir precisamente la central Renace en Alta Verapaz.

Los Acuerdos de Paz en Guatemala de 1996 frenaron las matanzas de indígenas, pero abrieron el país a la liberalización absoluta de su economía. Cierto es que para el Banco Mundial sigue siendo la primera economía del istmo, pero también la más desigual. Si durante años se habló de que 22 grandes familias, todas mestizas, controlaban la vida política, social y económica de 18 millones de habitantes, el darwinismo capitalista las redujo a ocho. No es difícil conocer el motivo. En aquellas negociaciones olvidaron detallar quién y cómo se debía gobernar un territorio donde el 50% de la población es de etnia maya, xinca y garífuna, con caracteres culturales, económicos y sociales propios, y todos contrarios al mercado libre.

En este escenario, la trayectoria de las élites guatemaltecas, multimillonarios y muchos evangelistas ha sido compartir los beneficios con las transnacionales extranjeras. Canadienses, italianas y, sobre todo, españolas. Según el directorio de empresas que elabora el ICEX hay más de 120 firmas asentadas en este pequeño país centroamericano. Y el abanico de interés es extenso y variado. Desde las telecomunicaciones y el turismo al maderero y el energético. «Encuentran muchas facilidades porque los sectores estratégicos han sido desregularizados y, por lo tanto, son fáciles de apropiar y explotar», explica Jesús González Pazos, miembro de Mugarik Gabe que acompañará a Bernardo Caal en su visita a Euskal Herria.

MINA MARLIN

En San Marcos Ixtahuacán tuvieron la mina Marlin y fue terrible. Aquello es uno de los episodios más brutales y fervientemente ignorados de la historia guatemalteca. Mina Marlin. Así bautizó la empresa canadiense Goldcorp a la explotación iniciada en 2005 en la base de una montaña próxima a la frontera con México para extraer oro. Para garantizarse el apoyo de la población, unas 35.000 personas, la transnacional forjó una suerte de jerarquía comunitaria a base de regalos y dinero que algunas autoridades locales aceptaron de buen grado. Otros vieron en aquellas dádivas los ingredientes inflamables de la codicia y la corrupción. La aldea enmudeció. El equilibrio social, ya debilitado desde el genocidio perpetrado en los años 80, se rompió del todo y la singular relación que las comunidades mantienen con sus tierras quedó marcada a fuego. La bomba que escondían aquellos gestos filantrópicos terminó estallando. Al comenzar a horadar la mina a cielo abierto, las casas se resquebrajaron, los ríos se envenenaron con arsénico, la gente enfermó, los árboles se marchitaron como si un otoño tristísimo se hubiera apoderado de ellos.

La salud de la población se resintió tanto que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) intervino en 2010 ordenando la suspensión temporal de la actividad extractivista. Para entonces, la suerte de San Miguel Ixtahuacán ya se había trazado. El coste de la cesta básica aumentó y el precio de la tierra se triplicó. Y con la especulación cabalgando libre por estos caminos llegaron las cantinas, las armas y la violencia. El fin.

Como hoy ocurre en Alta Verapaz. «He venido a Europa para dar las gracias a las organizaciones en favor de los derechos humanos que nos han apoyado, pero también para realizar visitas gubernamentales y reclamar medidas para que las empresas que vienen a nuestros países a violentar los derechos humanos no lo hagan más», afirma Bernardo Caal desde València. «Exigimos una norma jurídica para sancionarlas», concluye. Norma y paraíso para un pueblo.

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