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Grandes pérdidas para la economía del país por el paro bloqueo injustificado de los cívicos en Santa Cruz

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(APC Bolivia). El impacto económico que dejó el paro de 36 días en Santa Cruz ocasionó el cierre de 5.000 unidades productivas, la pérdida de 30.000 empleos y una pérdida de $US 1.200 millones que afectarán un 0,5% al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB).

  • Los más afectados por el paro cívico fueron los rubros de carpintería, metalmecánica, calzados, textiles, manufactura y otros que están impedidos de pagar créditos, sueldos, servicios básicos, alquiler de tiendas, aguinaldos de fin de año y otras obligaciones.
  • A ellos se agregan los gremiales, los transportistas, los albañiles y otros sectores que viven del día a día. No estuvieron al margen de los perjuicios el transporte y almacenamiento, actividades de alojamiento y turismo, artísticas y entretenimiento, servicios y sector agropecuario, pecuario, ganadero entre otros que sufrieron pérdidas millonarias.

El país necesitará por lo menos cuatro meses para recuperar las cifras económicas positivas alcanzadas antes del paro cívico en Santa Cruz porque se detuvo la producción, provocó una disminución de las exportaciones, ocasionó pérdidas de inversiones en la agropecuaria, migración de empresas a otras regiones e incremento del desempleo.

Las exportaciones perdieron la oportunidad de acceder a los buenos precios que había en el mercado mundial, es decir que se ha dejado de vender por falta de producción, es el caso de los granos, carne y alcohol, entre otros. El mercado de la carne, que hasta julio exportaba 17 mil toneladas y hasta diciembre tenía previsto llegar a una cifra récord de 23 mil toneladas, pero con el paro solo se alcanzará como máximo 19 mil toneladas. En el tema de la soya la afectación llega a por lo menos $US 220 millones.

La construcción de la Planta Siderúrgica Integrada del Mutún en Puerto Suárez también sufrió demoras en su construcción debido a que no pudieron ingresar camiones con equipos y estructuras metálicas, cemento y otros. La construcción del complejo representa una inversión de $us 546 millones y se tenía previsto culminar hasta finales de 2023. Asimismo, el paro perjudicó a 378 operadores de comercio exterior que no pudieron nacionalizar mercadería legal, que suman alrededor de 343 toneladas, que arribaron a Bolivia desde China, Panamá, México, Perú, Brasil, Argentina, España, Turquía, Alemania, Estados Unidos, entre otros. Entre los materiales que se vieron perjudicados se encuentran tractores, cosechadoras, fumigadoras, corta pasto, vehículos, repuesto de maquinaria, artículos navideños, juguetes, textiles, repuestos de vehículos, material escolar, prendas de vestir, material de escritorio, artículos del hogar, entre otros.

Al grave atentado a la economía se agrega el incremento de la inseguridad alimentaria en niveles que no se vieron ni siquiera en la pandemia. ¿Quiénes fueron los culpables? Los culpables de las pérdidas millonarias tienen nombre y apellido: El gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, el presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo y el rector de la Universidad Autónoma René Gabriel Moreno (UARGM), Vicente Cuéllar, que impulsaron, alentaron y sostuvieron un paro injustificado. Las pérdidas económicas que deja esta extrema medida no afectaron a Camacho, Calvo y Cuellar y los funcionarios de la Gobernación y otras entidades públicas porque recibieron sus sueldos del Estado. Por su lado, la élite empresarial tiene negocios que funcionaron con normalidad y sus ganancias estaban aseguradas, tal como ocurre con los supermercados, la empresa Sofía y Cervecería Boliviana Nacional (CBN) y otros que trabajaron con normalidad, bajo la aquiescencia del Comité Interinstitucional.

Asimismo, Calvo, Camacho y Cuellar cargan sobre sus espaldas cuatro muertos, matonaje contra el pueblo trabajador, violación de los derechos humanos de los pueblos indígenas, saqueo de las oficinas de la Central Obrera Departamental (COD), quema de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz y pérdidas económicas que afectan a los transportistas, gremiales, albañiles, choferes y todos los que viven del día a día porque no pudieron generar ingresos económicos, no llevaron el pan a sus hogares y no pudieron cumplir con sus deudas al sistema bancario y otros. Ahora, deben enfrentar a la justicia por todos sus actos.

FUENTE: Viceministerio de Comunicación del Estado Plurinacional de Bolivia

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