Si serán personas anónimas quienes revisarán la relación de Santa Cruz con el Estado, ¿ qué representatividad tendrán entonces?
Más que una connotación constitucional que debería necesariamente tener la propuesta del comité cívico de Santa Cruz de: revisar la relación de ese departamento con el Estado Plurinacional, lo que sí tiene es una connotación conspirativa; por cuanto las mismas relaciones ya están definidas dentro el Estado de derecho y el ordenamiento jurídico dispuesto dentro la nueva Constitución Política del Estado y las leyes. Pero además por cuanto quienes reelaborarán las mismas -redefinir las relaciones con el Estado- serán personas anónimas que se arroguen un derecho no reconocido.
Es por este motivo lo que deben empezar explicando los miembros; y ya ni siquiera del Comité Cívico de Santa Cruz, sino la Comisión a la que se le delegó un derecho inexistente; pero quienes además delegarán a una Subcomisión -¡nótese esa degradación de la representación!- la misma que para colmo trabajarán en el anonimato, o sea de forma secreta, es ¿cuál es la representatividad que tienen para replantear este nuevo relacionamiento de todo un departamento de más de ¡3 millones!, de personas con el Estado Plurinacional, si además nunca nadie los eligió democráticamente?
Es obvio que su representatividad es nula, ilegítima e ilegal por el hecho mismo de que nadie los eligió por el voto popular directo, y que es la razón precisamente por la que actuarán en el anonimato, reconociendo implícitamente que están cometiendo un acto ilícito. Pero además inconstitucional, arrogándose una representación que no la tienen.
Es decir, serán unos cuantos -supongo académicos, constitucionalistas, abogados etc. -quienes tendrán el despótico “derecho” no reconocido -obviamente- para replantear este relacionamiento.
Pero además que serán unos ilustres desconocidos, a quienes nunca ni los elegimos ni les reconocimos facultad alguna para que hagan “dibujo libre” con su propuesta, razón más que suficiente para preguntarse, ¿puede entonces Santa Cruz permitir este despropósito democrático cercano a lo delincuencial e inconstitucional?
Y es que existe normas expresas que resguardan jerárquicamente la primacía de la Constitución; así como la definición ya establecida de la relación; no sólo de Santa Cruz, sino de los otros ocho departamentos para mantener ese relacionamiento, y están contenidas en:
Artículo 1 de la C.P.E. que establece que somos un Estado Unitario. El artículo 2. Si bien se reconoce el Autogobierno y autonomía; es conforme a la C.P.E y las leyes. Por su parte el art 9, inc 3. Reafirma y consolida la unidad del país. El art 12 inc II, determina que son funciones del Estado la defensa de la sociedad y el Estado de Derecho.
Así mismo en la Tercera Parte, relativa la: Estructura y Organización Territorial del Estado, el artículo 269, determina que: Bolivia se organiza territorialmente en: departamentos, provincias, municipios y territorios indígenas originarios y campesinos.
Así mismo y en ese sentido los principios que rigen la organización territorial, las entidades territoriales descentralizadas y autónomas son: UNIDAD, que como primer requisito es antagónico a la aspiración de las logias cruceñas de: revisar la relación con el Estado.
Pero existe otro dato más que expone la ilegalidad, por cuanto el carácter del cabildo -instancia de donde salió esta ilegal iniciativa- tan sólo es deliberativo, y en ningún caso de naturaleza definitivo y menos normativo.
En este elemental entendido que más pareciera que esta profana propuesta por lo ilegal e inconstitucional que es, tiene una otra motivación, que es la de disimular, disfrazar el fracaso al que condujeron el Comité Interinstitucional que ahora creará una Comisión, la misma que creará anónimas subcomisiones que redefinirán las relaciones de Santa Cruz con el Estado Plurinacional, ¿no le parece una patética payasada?
Pd. Y en cuanto a las intenciones separatistas, el comandante del Ejército ya aclaró cuál es el límite de esa ligereza sediciosa.
Rolando Prudencio Briancon
Abogado
