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Régimen de Añez pide apoyo y amenaza con intervenir bloqueos con el preludio de nuevas masacres en su haber

El Gobierno interino de Jeanine Áñez amenazó el jueves con intervenir los bloqueos de caminos que realizan miembros de diferentes organizaciones sociales del país en demanda de que las elecciones generales se realicen el 6 de septiembre y no el 18 de octubre, con el preludio de nuevas masacres como las que se dieron en noviembre del año pasado en Senkata (La Paz) y Sacaba (Cochabamba), donde fueron asesinadas al menos 37 personas por efectivos de las Fuerzas Armadas (FFAA) y la Policía Boliviana bajo las órdenes de la actual mandataria y sus ministros.

“Se nos acabó la paciencia del diálogo y de esperar la racionalidad de (Luis) Arce Catacora (candidato a la presidencia por el MAS), del Andrónico (Rodríguez, candidato a parlamentario por el MAS), la misma gobernadora de Cochabamba (Esther Soria)”, dijo el Ministro de Defensa, Fernando López, en conferencia de prensa realizada en Cochabamba acompañado por Arturo Murillo, titular de Gobierno; Yerko Núñez, de la Presidencia; y Óscar Mercado, de Trabajo, además del delegado presidencial en la capital del valle.

El titular de Defensa, uno de los funcionarios bolivianos favoritos de la Embajada de Estados Unidos, anunció que se realizarán operaciones interinstitucionales entre el Gobierno, la Policía y las Fuerzas Armadas. “Haremos todo lo que se tenga que hacer (…) “todo tiene un límite, se acabaron los desmanes. Basta, se acabó, vamos a actuar con todo lo que tengamos”, agregó en tono de amenaza.

En la misma línea, el Ministro de la Presidencia dijo que todo tiene un límite y que el Gobierno de Jeanine Áñez –acusada de haber usurpado la presidencia mediante un sangriento golpe de Estado en noviembre del año pasado– recurrirá a la Constitución Política del Estado para proceder a desbaratar los bloqueos.

“Es de manera inmediata que tenemos que solucionar este conflicto, caso contrario este Gobierno tendrá que recurrir con lo que dice la Constitución Política del Estado y las leyes”, dijo Núñez. Previamente acusó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) de ser el causante de los bloqueos por cambiar de manera “irresponsable” la fecha de las elecciones y sostener un diálogo con la Central Obrera Boliviana y otras organizaciones sociales que determinaron la medida de protesta.

Asimismo, el también ex alcalde de Rurrenabaque (Beni) por el derechista MNR, acusó a los movimientos sociales y al MAS de impedir el paso de oxígeno para tratar a los enfermos de coronavirus; sin embargo, en redes sociales se viralizaron videos cortos en los que se muestra que los campesinos y trabajadores dejan pasar movilidades que transportan oxígeno, como también a las ambulancias y personal de salud.

En este contexto, en círculos del Gobierno, también se filtró el documento de un nuevo Decreto Supremo presuntamente emitido por el Órgano Ejecutivo que da pie a la intervención de los grupos que bloquean las carreteras, en cuyos considerandos menciona que es deber constitucional preservar la salud de las personas y la actuación de las Fuerzas Armadas y la policía para mantener el orden público.

El artículo 2, inciso II, del documento, señala que “la coordinación del desarrollo de acciones conjuntas (entre Policía y FFAA), se realizará en todo el territorio nacional conforme a las órdenes y planes constitucionales”.

Inmediatamente el artículo 3 titulado (Garantía del derecho a la vida y a la salud) establece que “las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana emplearán los medios disponibles de manera proporcional, de acuerdo a la necesidad emergente y riesgo de los operativos, enmarcando sus acciones conforme a normativa vigente, a fin de garantizar el derecho a la vida y la salud de la población”.

Finalmente en su artículo 4, el legajo pide a todas las instituciones públicas y a las Entidades Territoriales Autónomas –ETAs su máxima colaboración a las FFAA y a la Policía Boliviana para el cumplimiento de dicho decreto.

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