ONU pide al gobierno de Áñez investigación imparcial y rendición de cuentas por las masacres de Sacaba y Senkata
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUH) recomendó al Gobierno transitorio de Jeanine Áñez rendición de cuentas e investigaciones imparciales sobre las masacres en Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto), durante su régimen de represión a los Derechos Humanos.
En su informe “La situación de los derechos humanos tras las elecciones generales del 20 de octubre de 2019 en Bolivia”, la organización recomendó garantizar la realización de investigaciones prontas, independientes, imparciales, exhaustivas, transparentes y efectivas de todas las alegadas violaciones a los derechos humanos y abusos que ocurrieron durante la crisis postelectoral, y proveer una reparación integral a todas las víctimas y sus familiares.
Asimismo, asegurar que la Fiscalía General del Estado sea plenamente imparcial y que fortalezca sus capacidades para realizar investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos, lo que podría lograrse a través de la creación de una Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos.
“Me preocupa profundamente que, nueve meses después, aún no ha habido rendición de cuentas por las muertes en Sacaba y Senkata, ni para la mayoría de las muertes ocurridas en el período cubierto por nuestro informe», dijo al respecto la presidenta de la OACNUH, Michelle Bachelet, también expresidenta de Chile.
«Las investigaciones independientes, imparciales, transparentes y exhaustivas arrojarán luz sobre lo sucedido, abriendo la puerta a la verdad, la justicia y las reparaciones integrales. Esto es esencial no sólo para curar las heridas de las víctimas, sino también las de la sociedad. La falta de acción profundizará las divisiones, agravando las tensiones actuales y socavando la confianza pública en las instituciones del Estado», añadió.
Finalmente, el informe también recomendó el establecimiento de mecanismos para incrementar el acceso a la información y la participación de las víctimas y sus familiares en las investigaciones, y el incremento de las capacidades para la aplicación del Protocolo de Estambul y el Protocolo de Minnesota, además de fortalecer las capacidades técnicas y las herramientas tecnológicas del Instituto de Investigaciones Forenses, incrementando sus recursos humanos y financieros, y garantizando su autonomía institucional respecto a la Fiscalía General del Estado.
Alrededor de 30 personas murieron durante las protestas entre el 20 de octubre y el 25 de noviembre, y al menos 20 de estas muertes ocurrieron durante operaciones de la policía y las fuerzas armadas. Algunos testimonios indicaron que las fuerzas de seguridad recurrieron al uso innecesario o excesivo de la fuerza contra los manifestantes y utilizaron armas para dispersar a la multitud. También hubo 94 casos en los que se agredió a periodistas, y personas que trabajaban en la Defensoría del Pueblo de Bolivia sufrieron amenazas y ataques. Todos estos incidentes deben ser investigados.
