Mujeres presentan anteproyectos de ley para endurecer penas contra violadores, feminicidas e infanticidas
La alianza de mujeres bolivianas, liderada por la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa”, presentó este martes proyectos de ley para que las víctimas de violencia o feminicidio puedan encontrar justicia.
Esos proyectos fueron presentados al presidente Luis Arce en un acto que se realizó en la céntrica plaza Murillo de la ciudad de La Paz, después de una multitudinaria marcha que llegó de la ciudad de El Alto, para reivindicar los derechos de las mujeres y conmemorar su día a nivel internacional.
Las mujeres pidieron al primer mandatario entregar esas propuestas a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su tratamiento correspondiente
“Lo que proponemos es que el Tribunal Constitucional Plurinacional (…) disponga in-aplicar el artículo 118 de la Constitución Política del Estado en casos particulares y concretos (…) se debe buscar el beneficio mayor, un derecho por encima del otro”, explicó la secretaria ejecutiva de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa y miembro de esa alianza, Flora Aguilar.
Las propuestas elaboradas y presentadas por los colectivos de las mujeres son:
-El anteproyecto de ley excepcional de ampliación de penas y sanciones contra feminicidas, infanticidas y violadores, que plantea el respeto de los derechos fundamentales de una mayoría y no así de una “mínima cantidad”.
“La presente ley tiene por objeto ampliar la sanción penal por los delitos de feminicidio, infanticidio y violaciones a más de 30 años de privación de libertad, sin derecho a indulto aplicando la sumatoria de penas”, agregó Aguilar.
Dijo que esa norma deberá aplicarse de forma obligatoria para las personas que incurran en delitos de feminicidio, infanticidio, violación sexual a niño, niño y adolescente, además trata y tráfico de menores.
Asimismo, Aguilar indicó que en este proyecto de ley no se descarta la autorización de la castración química a criterio de cada juzgador para agresores reincidentes. A su vez indica que los sentenciados deberán realizar “trabajos forzados” para cubrir sus gastos de manutención y alimentación.
El segundo anteproyecto de ley declara necesidad y prioridad nacional la reforma del sistema judicial en el Estado Plurinacional de Bolivia, que pretende “eliminar de raíz la corrupción” e implementar sanciones ejemplificadoras en contra de los malos operadores justicia.
Plantea la creación de una comisión hacia la revolución de la justicia conformada por el Ministerio de Justicia, Asamblea Legislativa Plurinacional, Órgano Judicial, Tribunal supremo de Justicia, juristas reconocidos, colegios de abogados, entre otros.
Por último, la tercera propuesta de norma busca la modificación a la Ley 338 de Organizaciones Económicas Campesinas, Indígena Originarias – OECAS y de Organizaciones Económicas Comunitarias – OECOM para la Integración de la Agricultura Familiar Sustentable y la Soberanía Alimentaria.
