Lucho Arce alerta que el gobierno de facto perjudica a los más vulnerables al no promulgar Leyes Sociales
El candidato a la presidencia por el Movimiento Al Socialismo – Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP), Luis Arce Catacora, alertó en sus cuentas de redes sociales que el Gobierno de facto de Jeanine Áñez perjudica a la población más vulnerable del país al negarse a promulgar leyes sociales sancionadas en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
“El Gobierno de facto, al no promulgar las leyes del Bono contra el Hambre, la reducción de alquileres, la atención en clínicas privadas, la donación de plasma hiperinmune y el diferimiento de créditos, perjudica a la población más vulnerable”, escribió en su cuenta de Twitter.
Arce recordó que Bolivia, al igual que el resto del mundo, vive tiempos muy difíciles por la crisis sanitaria, económica y social generada por la pandemia del coronavirus, por lo que la aplicación de políticas sociales es fundamental para ir superando los problemas.
“Las familias necesitan ayuda urgente, pero el Gobierno de facto no promulga las leyes aprobadas para beneficio del pueblo. Saludamos la decisión de Eva Copa de efectivizar esas leyes”, posteó.
El pasado 13 de agosto, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, remitió a la Presidencia del Estado la Ley Sancionada del Bono Contra el Hambre, que hasta el momento no fue promulgada.
El bono consta en la entrega de Bs 1.000 para aquellas personas mayores de 18 años que no cuentan con ingresos fijos ni del sector público ni privado y tiene como objetivo mitigar el hambre de las familias a causa de la paralización de las actividades económicas debido a la pandemia.
Esta norma incluye como beneficiarias a las madres que reciben el Bono Juana Azurduy, personas con discapacidad y beneficiarios del Bono Universal, ya que este beneficio podrá ser cobrado por única vez.
También se sancionó leyes que incluyen la donación de plasma hiperinmune, el pago justo a clínicas privadas por la atención a pacientes Covid-19, el diferimiento de pagos de créditos bancarios y la rebaja del 50% en alquileres, que tampoco fueron promulgadas.
