La verdad detrás de una supuesta marcha indígena
En la ultima semana de agosto, en Trinidad Beni se anunció la convocatoria a una nueva marcha de los Pueblos Indígenas de Tierras Bajas, para la defensa del territorio y sus derechos. La misma convocada, por las organizaciones indígenas del Beni, aunque, paradójicamente en una conferencia de prensa, las mismas organizaciones CMIB y la CPIB desmintieron y descalificaron la misma.
¿Qué está pasando con las organizaciones en el Beni? ¿Qué intereses existen detrás? ¿Cuáles son las verdaderas motivaciones de esta iniciativa? Esta y otras preguntas intentaremos aclarar en el presente reportaje.
El problema de tierras como excusa
El actual contexto político que vivimos en el país, está claramente marcado por la continuidad de una confrontación política, que tiene como antecedente la crisis política de 2019 que desembocó finalmente en el Golpe de Estado organizado y ejecutado por los comités cívicos y los sectores políticos de la derecha boliviana, que no lo pudieron sostener y que culminó con el triunfo en las elecciones nacionales del actual presidente Luis Arce.
Este escenario conflictivo continuó también con los resultados de las elecciones sub nacionales posteriores, en donde liderazgos cívicos y de la oposición, como la de Luis Fernando Camacho quien logró hacerse de la gobernación del departamento de Santa Cruz, y junto a otros en Tarija, La Paz, Beni, Pando; dieron una cierta sensación de equilibrio político, al menos a nivel regional.
No es un secreto que el cuartel general de la derecha boliviana se encuentra en Santa Cruz, específicamente en la sede del Comité Cívico Pro Santa Cruz, que, junto a la Gobernación, ahora a la cabeza de Camacho, continúan implementando su sostenida estrategia de debilitamiento político a los gobiernos del MAS.
En la foto, Luis Fernando Camacho junto a Rómulo Calvo en un evento del Comité Cívico Pro Santa Cruz. Foto: Brújula Digital.
En los últimos meses un nuevo apéndice de esta estrategia fue direccionar el debate sobre la distribución de las tierras fiscales en el país, siendo que la Gobernación de Santa Cruz cuestiona e intenta asumir esa competencia que no le corresponde, pues constitucionalmente es una atribución directa del gobierno central asignado al INRA.
Por un lado, la determinación a inicios de agosto de revertir las 26.246 hectáreas de tierras que recibió ilegalmente la familia del exministro Branko Marinkovic en la gestión de la expresidenta Jeanine Áñez, y por otro el anuncio del presidente del Estado Luis Arce del 2 de agosto, Día de la Revolución Agraria, que entregarán 26 mil títulos ejecutoríales de tierras a comunidades indígenas, originarias, campesinas e interculturales; fueron usados como argumentos para cuestionar el accionar del gobierno central.
Específicamente Camacho calificó como una provocación a la región, dijo que Arce nuevamente está provocando al pueblo cruceño con dotaciones ilegales a sectores afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) que se realizan en territorios que actualmente están siendo ocupados por los lugareños.
En concordancia, el vicepresidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Fernando Larach, a propósito de la entrega de tierras en la Chiquitanía, sorpresivamente salió en defensa a los pueblos indígenas de Santa Cruz, observó que exista una posición discriminatoria hacia los indígenas del oriente del país y de preferencia a las personas de occidente: ¿Por qué a nuestros indígenas les discriminan y no se les dan tierras?
Es importante mencionar que las comunidades indígenas del pueblo Chiquitano cuentan con su TCO titulado (Territorio Comunitario de Origen) y que las tierras dotadas no se encuentran dentro de la misma, como se insinúa malintencionadamente. Así también la entrega de los títulos ejecutoriales son plenamente legales, pues son resultado de procesos de solicitud de hace mas de 10 años y en tierras fiscales donde no había asentamientos humanos previos. Todas estas acusaciones, fueron dirigidas para provocar desinformación a la población y por supuesto para seguir tensando la confrontación política, pero desde una perspectiva regional, es decir oriente versus occidente.
La máxima instancia de los indígenas de Tierras Bajas
La Confederación de Pueblos indígenas del Oriente, Chaco y Amazonía de Bolivia (CIDOB), es la máxima organización que aglutina a los Pueblos Indígenas de Tierras Bajas en Bolivia. Cuenta con 14 regionales, aglutina a 34 pueblos y naciones, abarcando territorialmente 7 de los 9 departamentos de Bolivia.
A nivel departamental del Beni la CIDOB tiene 5 regionales: la CPIB (Central de Pueblos Indígenas del Beni) y la CMIB (Central de Mujeres Indígenas del Beni), siendo las primeras organizadas en el departamento. También están la CIRABO (Central Indígena de la Región Amazónica del Beni), GCTS (Gran Consejo Tsimane) y la CPEM-B (Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni).
Actual directorio (2020-2025) de la CIDOB
La CIDOB hizo y es parte del Pacto de Unidad junto a las otras 4 confederaciones campesinas originarias de Bolivia, como son CSUTCB, CSCIOB, CONAMAQ y CNMCIOB-BS. Pero es la CIDOB quien originalmente demandó una Asamblea Constituyente, y es posteriormente al Pacto de Unidad al que se le atribuye el protagonismo para lograr la Asamblea Constituyente, que finalmente posibilitó una nueva Carta Magna que transformo Bolivia en un nuevo Estado Plurinacional.
A nivel de Tierras Bajas, la CIDOB y sus regionales apoyaron decididamente el denominado Proceso de Cambio, que luego de la aprobación del nuevo texto Constitucional, contempló también el proceso de implementación legislativo de la misma.
La CIDOB dentro del proceso de la Asamblea Constituyente. Foto: CIPCA
Dado esos importantes avances, los sectores conservadores fueron implementando otras estrategias de contención para frenar los cambios que se fueron suscitando y específicamente para no seguir perdiendo privilegios, principalmente en lo referido al acceso a tierra. Una de las más sostenidas ha sido el apoyo en la creación de organizaciones sociales paralelas, argumentando que las organizaciones tienen filiación política al MAS.
Personajes cuestionados buscan dividir al movimiento indígena
Se puede verificar en el caso de la CIDOB, la aparición en 2011 de la denominada CIDOB Orgánica, conformada por ex dirigentes cuestionados y hasta expulsados del movimiento indígena, como Adolfo Chávez y en este último tiempo de Tomás Candia, turbios personajes que sin tener legitimidad ni contar con el respaldo de las bases se atribuyeron ilegalmente la representación de los pueblos indígenas de tierras bajas, tanto a nivel nacional como internacional, levantando la bandera de la defensa de los territorios y los derechos indígenas, en contra de las otras confederaciones y del Proceso de Cambio.
Paradójicamente, este grupo siempre estuvo bastante cercano a los Comités Cívicos de Santa Cruz y del Beni, CAINCO y otras entidades que representan a los sectores que históricamente han explotado a los pueblos indígenas y se han apropiado de sus territorios. Siendo extremo que en 2020 la CIDOB Orgánica dio su respaldo de manera abierta e incondicional al gobierno de facto de Jeanine Añez.
CIDOB orgánica respaldando al Gobierno de facto de Añez durante el Golpe de Estado. Foto: oficial del Gobierno.
Sin embargo, no ha sido diferente el accionar en el Beni. En los últimos años también hubo intentos de crear paralelas, aunque no lograron consolidarse. Actualmente la CPIB legítima está a la cabeza del indígena Movina, Guillermo Suarez, y la CMIB, presidida por la Pacífica Melgar Eirubi, del Pueblo Sirionó. Aún así, actualmente están circulando otras personas que se han atribuido la representación de las organizaciones sin ser elegidas, como es el caso de Abdón Justiniano, ex dirigente Movima, quien fue expulsado de su organización y que se asume como presidente de la CPIB orgánica. En el caso de las mujeres, Verónica Mae Noza, es una persona urbana que no tiene filiación comunitaria y que apareció representado a la CMIB orgánica.
Sin saber el origen de los recursos que los financian, estos personajes están realizando desde 2020, una intensa campaña de desinformación en las comunidades del Beni, coincidiendo extrañamente con el discurso esbozado por el Comité Cívico pro Santa Cruz, que se centra en las siguientes ideas:
- Que el gobierno del MAS va a revertir las TCO indígenas en el Beni
- Que van a transferir los territorios indígenas a los migrantes campesinos de occidente.
- Que las comunidades deben dejar de apoyar la CMIB y CPIB masistas y apoyarlos a ellos, para defender sus territorios.
- Que deben salir a una nueva marcha indígena para defender sus territorios
Uso malintencionado del legado de las marchas indígenas
Históricamente las marchas de los Pueblos Indígenas de Tierras Bajas han marcado la historia de Bolivia. Iniciando con la primera e histórica marcha de 1990, que por primera vez puso en evidencia la existencia ignorada de los 34 Pueblos Indígenas del Oriente Chaco y Amazonía, con su demanda de reconocimiento por el territorio y la dignidad.
1ra Marcha Indígena de 1990 camino a La Paz
Así, desde esa primera marcha se fueron suscitado otras siete. Cada una realizada con objetivos estratégicos, que no solo fueron pensados para los indígenas, sino también para la transformación del país; como fue por la marcha del año 2002, que posicionó en la agenda nacional, la demanda de realización de la Asamblea Constituyente.
En ese marco, el 15 de agosto de 2021 aparece públicamente la convocatoria para una nueva marcha, denominada: Marcha Indígena por la Defensa del Territorio, Identidad y la Cultura. Misma que es firmada por Abdón Justiniano y Verónica Mae, representantes de las paralelas y utilizando también la firma de algunos marchistas históricos. Así también apoyada por la CIDOB Orgánica.
Diferentes comunidades informaron que les ofrecieron recursos a cambio de participar en esta iniciativa, desde el pago de sus gastos, hasta 5000 Bs. a los dirigentes que garanticen presencia en la marcha. Junto a otras promesas y también con falsas afirmaciones referidas como que el gobierno revertirá las TCOs, los organizadores han estado presionando para contar con una masiva presencia.
Por su parte las organizaciones CMIB y CPIB legítimas, el 24 de agosto, llamaron a conferencia para esclarecer esta situación, expresando lo siguiente:
…no hay el consenso, no hay el apoyo, no hay el respaldo de ninguno de los pueblos indígenas en el departamento del Beni (para esa marcha). Algunas personas se dejan comprar por algunos centavos para estar en esa movilización.
Nosotros rechazamos como ente matriz (esta marcha)… Yo les pido a los hermanos que no se dejen confundir por estas personas, ya que su objetivo es llegar a Santa Cruz y reunirse con la gobernación para pelear en contra de los territorios indígenas. Esta marcha es más política, que por sus derechos y por la reivindicación de defender sus territorios…(Guillermo Suarez, presidente de la CPIB).
Conferencia de prensa de la CPIB en rechazo a la supuesta marcha indígena (24/08/21)
A esto se han sumado también las otras regionales y subcentrales indígenas del Beni, con resoluciones de rechazo a la marcha, tanto de la CPIB, como la CPEMB y de la Sub Central del TIPNIS.
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Pronunciamientos de las organizaciones indígenas en rechazo.
Este 25 de agosto, después de varias postergaciones, partió dicha marcha desde Trinidad hacia Santa Cruz, con participación del Comité Cívico del Beni y de los dirigentes de las supuestas organizaciones CIDOB orgánica, CPIB y CMIB orgánica. Actualmente participan alrededor de solo 30 personas indígenas.
Poco poder de convocatoria de la supuesta marcha indígena. Foto: RRSS
Aclaración final
Los hechos investigados y descritos en este artículo, muestran claramente que las motivaciones de esta marcha no responden a la realidad y necesidades verdaderas de las comunidades y pueblos indígenas del Beni. Siendo que al contrario están directamente relacionados con los intereses de tenencia de la tierra de los grandes terratenientes y agroindustriales extranjeros aglutinados en los Comités Cívicos.
También es importante afirmar que en las comunidades indígenas no se tiene todo resuelto en relación a sus demandas de sus territorios, derechos y otras necesidades. Sin embargo, estas preocupaciones están siendo hábilmente utilizadas por intereses ajenos al movimiento indígena.
Es fundamental que la opinión publica conozca esta realidad interna, debido a que la información que llega está claramente filtrada y hasta manipulada por los medios de comunicación alineadas a los sectores conservadores, que son en definitiva la mayoría.
