Independencia judicial y el conflicto en Kara Kara
El día de hoy de 04 julio de 2020, se ha producido un nuevo enfrentamiento entre pobladores de Kara Kara, las FFAA y la Policía Boliviana, tras una violenta intervención al bloqueo del botadero con un claro uso excesivo de agentes químicos y sin que el Estado haya hecho el mas mínimo intento de dialogo y atención a su pliego petitorio.
Lamentablemente este conflicto, que ya tiene larga data, renace a raíz de la detención arbitraria de tres dirigentes de su sector, quienes de forma irregular fueron acusados de sedición y terrorismo por hechos que habrían sucedido en la ciudad de Cochabamba en mayo del presente año, pero que de forma inexplicable el hecho se estaría investigando en la ciudad de La Paz, ciudad a la que fueron conducidos y posteriormente detenidos preventivamente en el recinto penitenciario de “San Pedro” de La Paz. Penosamente esta irregular y grave situación jurídica de estos tres dirigentes, se agravó, debido a que las pasadas horas en otro acto irregular, fueron trasladados, sin orden expresa del Juez Cautelar, al recinto penitenciario de máxima seguridad de “Chonchocoro”, caracterizado por alojar a los delincuentes más peligrosos y avezados de esa ciudad.
Lo expuesto líneas arriba, demuestra la existencia de una clara intervención a la independencia del Órgano Judicial, toda vez que, de ninguna forma se puede sustentar legalmente que los juzgadores hayan decidido trasladar a los tres dirigentes a la ciudad de La Paz, para que se investigue unos hechos que han ocurrido en Cochabamba, donde se encuentran las posibles pruebas de lo ocurrido, donde se llevara a cabo la recolección de indicios y finalmente donde se ha producido el resultado del supuesto delito que se les atribuye, además que contradice todas las reglas de competencia territorial establecidas por el Art. 49 del Código de Procedimiento Penal y 𝐕𝐔𝐋𝐍𝐄𝐑𝐀 𝐋𝐀 𝐃𝐈𝐆𝐍𝐈𝐃𝐀𝐃 𝐇𝐔𝐌𝐀𝐍𝐀 𝐘 𝐋𝐀 𝐏𝐑𝐄𝐒𝐔𝐍𝐂𝐈𝐎́𝐍 𝐃𝐄 𝐈𝐍𝐎𝐂𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀 𝐃𝐄 𝐋𝐎𝐒 𝐓𝐑𝐄𝐒 𝐃𝐈𝐑𝐈𝐆𝐄𝐍𝐓𝐄𝐒, 𝐌𝐈𝐒𝐌𝐀 𝐐𝐔𝐄 𝐒𝐄 𝐄𝐍𝐂𝐔𝐄𝐍𝐓𝐑𝐀 𝐏𝐑𝐎𝐓𝐄𝐆𝐈𝐃𝐀 𝐂𝐎𝐍𝐒𝐓𝐈𝐓𝐔𝐂𝐈𝐎𝐍𝐀𝐋𝐌𝐄𝐍𝐓𝐄.
Estas irregularidades generan un precedente reprochable respecto a la protección de los Derechos Humanos en Bolivia, pues estaríamos frente a un sistema judicial instrumento de escarmiento político de adversarios y disidentes del Gobierno, hecho que va en contra de la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en la que se establece que: “Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal”, además que está ocasionando un conflicto social que tiende a agudizarse si es que no se corrigen estas decisiones que se encuentran alejaras de la Ley y los Tratados Internacionales.
Sin embargo, este problema puede traducirse en una oportunidad para que el Órgano Judicial demuestre su Independencia y Objetividad, desprendiéndose de los intereses de los gobernantes de turno, actuando en conformidad con el Bloque de Constitucionalidad, tómese en cuenta que desde este espacio no se está pidiendo que no se investiguen posibles delitos que pudieron ocurrir, menos se está pidiendo impunidad, sino simplemente que se actué conforme a derecho, cesen los abusos en contra de los detenidos, se los traslade a Cochabamba y se les permita demostrar su inocencia en libertad, en fiel cumplimiento del carácter excepcional de la Detención Preventiva, decisión que esta en manos del Órgano Judicial y su representante el Juez Cautelar quien en cumplimiento del Art. 250 del Código de Procedimiento Penal, puede corregir su error aun de oficio.