Harvard: En Sacaba y Senkata hubo ‘patrones desconcertantes de violaciones de derechos’
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“’Nos dispararon como animales’, Noviembre Negro y el Gobierno Interino de Bolivia’ es el informe de la Universidad de Harvard y una Red de Derechos Humanos.
Un efectivo militar se apresta a disparar, el 19 de noviembre de 2019 en Senkata. El Alto. Foto: APG
POR IVÁN BUSTILLOS
Este lunes, la Clínica Internacional de Derechos Humanos (IHRC, por sus siglas en inglés) de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard y la Red Universitaria por los Derechos Humanos (UNHR) publicaron un reporte sobre “patrones desconcertantes de violación de derechos humanos” cometidos en el gobierno de la presidenta Jeanine Añez en noviembre de 2019.
El informe, titulado “’Nos dispararon como animales’, Noviembre Negro y el Gobierno Interino de Bolivia’, es producto, informan sus gestores, de seis meses de “una investigación independiente” en el país, de entrevistas “a más de 200 víctimas, testigos, periodistas y funcionarios, documentando así la represión acontecida desde que el gobierno interino llegara al poder en noviembre de 2019”.
Lea el reporte aquí: http://hrp.law.harvard.edu/wp-content/uploads/2020/07/Black-November-English-Final_Accessible.pdf
“El reporte documenta uno de los periodos más letales y represivos de las últimas décadas en Bolivia, así como el miedo creciente de comunidades indígenas y personas criticas del gobierno de que sus vidas y su seguridad están en peligro”, destaca un comunicado de prensa de la institución IHRC, más conocida como la “Clínica”.
“Hemos identificado patrones desconcertantes de violaciones de derechos humanos desde que el Gobierno interino asumió el poder. Estos abusos crean un ambiente que ha socavado la posibilidad de unas elecciones libres y justas”, señala Thomas Becker, abogado internacional que forma parte de la investigación.
El reporte de la universidad de Havard y UNHR identifica cuatro áreas “en las cuales las autoridades han violado los derechos humanos de ciudadanos bolivianos y extranjeros”, señala su resumen ejecutivo.
Violencia de Estado
Primero, “violencia de Estado contra manifestantes”, en referencia específicamente a los hechos de Sacaba y Senkata de noviembre de 2019, en los que la represión policial y militar contra los manifestantes, “constituye una violación directa del derecho a la vida”, asevera el reporte. “Según testigos en ambas ubicaciones, las fuerzas de seguridad abrieron fuego —sin aviso previo— contra civiles desarmados, incluidos aquellos que estaban ayudando a los heridos”, destaca el Informe.
Como se recordará, el gobierno de la Añez en reiteradas ocasiones dijo que las muertes en Sacaba y Senkata fueron hechas por los propios movilizados, incluso, la Fiscalía en su momento aseveró que los proyectiles que se pudo rescatar de algunos cadáveres no eran de uso militar.
Segundo, el reporte concluye en que en el país, hay una “falta de investigaciones imparciales y acceso a la justicia”. Dice que el Gobierno “no ha cumplido aún con sus obligaciones respecto a las matanzas de Sacaba y Senkata, u otras violaciones de derechos humanos que se han venido dando desde noviembre (de 2019)”.
“El equipo de IHRC —continúa— ha documentado multitud de obstáculos alarmantes que han debilitado investigaciones exhaustivas, como la manipulación de evidencias, irregularidades en autopsias, fiscales saturados de trabajo y sin medios, la negativa por parte de funcionarios públicos a proporcionar información, y amenazas a testigos”.
El tercer aspecto que establece la investigación de la universidad de Harvard y UNHR es la “persecución de los disidentes”. El reporte afirma que “según los testigos, el gobierno de Áñez ha continuado debilitando estos derechos desde noviembre de 2019. Algunos funcionarios han amenazado a periodistas, cerrado medios de comunicación opositores, torturado y arrestado de forma arbitraria a activistas, y han acusado a oponentes políticos con delitos imprecisos como ‘sedición’ y ‘terrorismo’».
Violencia paraestatal
Y, finalmente, el informe, señala que en el país desde noviembre persiste una práctica de “violencia ciudadana y paraestatal”, refiriéndose a que en Bolivia “algunos ciudadanos se han organizado en grupos de vigilancia parapolicial, emprendiendo acciones policiales con la aprobación del Estado y llevando a cabo ataques contra oponentes políticos. A menudo, estos grupos han colaborado de forma directa con las fuerzas de seguridad al cometer abusos, aumentando así las dudas sobre si estos han estado actuando como grupos paraestatales”.
La investigación (92 páginas en su versión en inglés), formula seis “recomendaciones preliminares al gobierno interino de Bolivia”: investigar las violaciones de derechos humanos (especialmente las muertes de Sacaba y Senkata de noviembre de 2019); facilitar las investigaciones imparciales (defendiendo y protegiendo especialmente a testigos de hechos violatorios de derechos humanos); exigir responsabilidades (a civiles e uniformados) por las violaciones de derechos humanos; que el gobierno interino tenga un compromiso con la libertad de expresión; que desvincule al Estado de grupos paraestatales; y que celebre elecciones libres y justas.
