Gobierno Estólido de Áñez inicia juicios penales en contra de la esperanza, la indignación, y la democracia
El Gobierno estólido que encabeza Jeanine Áñez enjuiciará a la a la indignación, a la esperanza y a la democracia, tras no poder procesar a miles de bolivianos y bolivianas que se movilizaron en contra del Tribunal Supremo Electoral (Tse) el pasado martes 28 exigiendo que se cumpla la fecha de las elecciones previstas para el 6 de septiembre y demandando atención a la salud, educación y principalmente a la crisis económica.
Desmereciendo la multitudinaria movilización de todos los sectores en el país, ahora pretender procesar al expresidente Evo Morales; la jefa de bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Betty Beatriz Yañíquez, y al secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, por cinco delitos vinculados a la protesta.
Yañiquez y Huarachi, por separado, lamentaron la doble moral de las autoridades transitorias que no quieren ver la situación actual que vive el país y anticiparon acudir a instancias internacionales por violación a sus derechos establecidos y a la protesta.
“He interpuesto una demanda penal contra todos los cómplices, coautores y encubridores por los delitos contra la salud, instigación pública a delinquir, apología del delito, asociación delictuosa y destrucción o deterioro de bienes del Estado”, indicó en la oportunidad, el ministro de la Presidencia Yerko Núñez.
El ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, le respondió a Nuñez y le dijo que no escapará y dará la cara y ratificó que continuará con la lucha para que las elecciones se cumplan el 6 de septiembre, y que desde el lunes comenzará el bloqueo nacional.
“No voy a desmayar, voy a seguir trabajando, me voy a defender como corresponde. Si es un delito luchar por la vida y salud del pueblo boliviano, aquí estoy, no me voy a escapar, voy a dar la cara por mi país, por mi pueblo, sin ningún interés político”, aseveró el ejecutivo.
*LOS MOTOQUEROS*
Mientras el Gobierno transitorio pretende procesar a dirigentes, la denominada Resistencia Juvenil Cochala (RJC), sigue en la impunidad y encubierta por las mismas autoridades de la actual gestión.
El mayo pasado, la diputada del MAS, Juana Quispe, denunció ante el Ministerio Publico a esta organización por intervenir con la policía, los bloqueos en la población de K’ara K’ara.
“Hemos esperado que el Fiscal Departamental investigue de oficio, pero no lo ha hecho y hemos presentado la denuncia contra la RJC, un grupo armado que es apoyado por personeros del Gobierno nacional y la policía”, dijo en esa oportunidad.
Este grupo (RJC) apareció durante los conflictos postelectorales del 2019, y volvió en mayo a la palestra “para amenazar, diciendo que tienen una lista de dirigente masistas, identificados».
El grupo, munido con armas caseras, desde escudos hasta bazucas, con rostros cubiertos y a bordo de motocicletas, intervino la movilización de organizaciones sociales afines al MAS y se encargó de resguardar los bloqueos implementados en Cochabamba por los denominados “Pititas” en noviembre del 2019.
