Gobierno de Añez podría ser demandado si no presenta pruebas en sus denuncias ante La Haya
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El Estado boliviano denunció al ex presidente Morales, al líder de la COB Juan Carlos Huarachi y al dirigente del Trópico de Cochabamba Leonardo Loza, ante la Corte Penal Internacional en La Haya por, según sostiene La Nación, haber limitado los suministros de alimentos e insumos médicos durante las protestas que vivió el país en agosto. Los bloqueos ocasionaron la muerte a unos 40 pacientes por falta de oxígeno medicinal en plena emergencia sanitaria, se sostiene.
Franklin Gutiérrez, abogado constitucionalista, afirma que el procurador General del Estado Plurinacional, José María Cabrera, a nombre del país, y utilizando los recursos económicos del Estado, tuvo que haber reunido las evidencias que comprueben las acusaciones contra esas personas. Caso contario, el gobierno de Añez podría ser demandado si no presenta pruebas fehacientes en la denuncia interpuesta por el Estado boliviano, por crimen de lesa humanidad.
Según la denuncia presentada ante el tribunal internacional, el Estado boliviano pide a la Corte investigar bloqueos que, según la Procuraduría, se habrían producido durante las protestas de agosto en el país, en las cuales, según ese ente, se habría bloqueado el paso de insumos necesarios durante la pandemia.
«Este delito se llevó a efecto mediante cercos en las diferentes ciudades del país y bloqueo de carreteras» que «impidieron el paso de suministro de alimentos, oxígeno medicinal, circulación de ambulancias, médicos y paramédicos que resultaban imprescindibles para atender la emergencia sanitaria», asegura la entidad.
Las organizaciones a cargo de las protestas niegan que existiera bloqueo de suministros
El Gobierno interino, que preside Bolivia tras la renuncia de Morales a finales de 2019 en medio de una fuerte presión política y social contra el mandatario y de la pérdida del apoyo militar, considera que el expresidente instigó las protestas. Por su parte, las organizaciones y sindicatos a cargo de las marchas rechazan haber impedido el paso de suministros durante la pandemia.
Las protestas en la nación suramericana se produjeron durante 12 días ininterrumpidos desde inicios del pasado mes con manifestaciones masivas en rechazo al aplazamiento de las elecciones generales en el país, que habían sido previstas inicialmente para septiembre y fueron pospuestas para el 18 de octubre.
Estas movilizaciones fueron convocadas por distintas organizaciones, como el sindicato Central Obrera Boliviana, cuyo secretario ejecutivo es Juan Carlos Huarachi, quien fue denunciado junto a Morales ante La Haya después de que el Estado considerara que había sido el «principal colaborador» del exmandatario durante las protestas.
La pugna entre el oficialismo y oposición exacerban la crisis sanitaria en Bolivia
El país latinoamericano enfrenta un escenario convulso de cara a las elecciones de octubre. Evo Morales, que se encuentra exiliado en Argentina, fue inhabilitado por el Tribunal Supremo Electoral para participar como candidato al Senado después de que el ente considerara que el exdirigente no podía participar al no estar residiendo en el país.
El bloqueo a la candidatura de Morales levantó revuelo y representantes de su partido, Movimiento al Socialismo, presentaron un recurso al Tribunal Departamental de Justicia.
Lo que el gobierno de facto no dice es que la población se movilizó con bloqueo de caminos demandando atención de salud tanto para enfermos de COVID-19 como para otras enfermedades, ya que los centros de salud fueron superados por la demanda de atención, ante la ausencia de un plan de manejo de la crisis sanitaria, desde los incios de la pandemia en Bolivia en el mes de marzo.
Las movilizaciones se produjeron ante la actitud prorroguista del gobierno de facto, al postergar en mas de tres oportunidades las elecciones generales, argumentando en cada ocasión al pico máximo de la pandemia. Es decir, usando el pretexto de la pandemia para postergar elecciones indefinidamente, una prueba de ello es que las elecciones deberían realizarse el pasado domingo 6 de septiembre, pero el gobierno de facto indico que su “comité científico” anunció el pico máximo justo en torno a esa fecha, pero se vio que el pasado 6 de septiembre ocurrió todo lo contrario, la curva de contagios y morbilidad, está en etapa de meseta a descenso.
La claridad de conciencia social de las movilizaciones puede comprobarse fácilmente, por un lado, salió un cominicado orgánico de la COB instruyendo el paso libre en los bloqueos para todo el transporte de oxigeno, medicamentos, ambulancias y personal médico, por otro lado, existen imágenes registradas de como se priorizó el paso libre otorgado a estas movilidades, por lo que los argumentos expresados por la Procuraduria ante la entidad internacional son completamente falsos.
