FRUTCAS, Campesinos exigen la anulación inmediata del Decreto Supremo Nº 4232 que legaliza los transgénicos en Bolivia
Bolivia Ahora:
La Federación Regional Única de Trabajadores Campesinos del Altiplano Sud FRUTCAS, consecuentes y defensores de los recursos naturales, conjuntamente con la Federación Sindical Única de Mujeres Campesinas del Altiplano Sud – Bartolina Sisa FSUMCAS-BS, hacen conocer a su rechazo al Decreto Supremo 4232, que legaliza los transgénicos atentando a la vida y la salud, promulgado con el pretexto del COVID-19, cuando a nivel internacional, la mayoría de los países han prohibido los transgénicos por ser dañinos para el ambiente y la salud, causando enfermedades como el cáncer.
Exigen la inmediata abrogación de este D.S. 4232, por considerarlo como una norma atentatoria a la salud y el medio ambiente, que solo favorece a las empresas del agro negocio y que va en contra de la producción agropecuaria de alimentación de las Naciones y Pueblos Indígenas Originarios Campesinos, violando los principios de la Constitución Política del Estado, artículo 255, parágrafo II numeral 8 que señala: Seguridad y soberanía alimentaria para toda la población; prohibición de importación, producción y comercialización de organismos genéticamente modificados y elementos tóxicos que dañen la salud y el medio ambiente. Así mismo violando las leyes vigentes del país, la Ley 300 de la Madre Tierra, la Ley 144 de la Revolución Productiva, la Ley 071 Derechos de la Madre Tierra, Ley 3525 de Fomento a la Producción Ecológica, entre otras normas en relación a la biodiversidad.
El manifiesto señala, además, que la presidenta autoproclamada del gobierno de facto Jeanine Añez, debe concentrarse en la emergencia sanitaria que vive el Estado Plurinacional de Bolivia, para enfrentar en coronavirus COVID-19 y que todos los esfuerzos deben concentrarse en la prevención y mitigación, no así en medidas que ponen en riesgo a la salud y a la Madre Tierra.
Así mismo, demandan procesar a las autoridades irresponsables que dispusieron la aprobación de este decreto, específicamente del recién posesionado ministro Ortiz, cabeza de sector, que dio vía libre a una disposición violatoria de las leyes y normas vigentes, así mismo, enfatizan que las gobernaciones, municipios, gobiernos indígenas originarios campesinos deben presentar un recurso de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional Plurinacional, que debe responder ante este atentado contra todo el cuerpo normativo vigente del Estado.
En estos días varias instituciones, organizaciones se han pronunciado rechazando el D.S. 4232, así mismo en las Redes Sociales hacen conocer su descontento con la norma emitida por el gobierno de facto de Añez y que estaría usando el COVID-19, como una excusa ante su mala gestión.