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El Salvador: A 90 años del etnocidio no existen garantías de reparación para los pueblos indígenas

Por Gloria Olivares:

La población indígena en El Salvador ha sido históricamente condenada a vivir en una situación de pobreza, luego del despojo de sus principales medios de sustento, extinción de sus tierras, la distribución desigual de la riqueza y la falta de apoyo integral por parte del Estado. Eso es lo que responde Nicolás Sánchez, representante de los pueblos indígenas y miembro del Comité Indígena para la defensa de los Bienes Naturales de Nahuizalco, cuando se le pregunta por la situación socioeconómica de las familias indígenas.

“Tenemos necesidades materiales y se evidencian en cómo viven las familias en las comunidades rurales. En el plano material ya no deberían de existir familias que vivan estas condiciones de pobreza, porque se supone que hay riqueza, pero la riqueza está concentrada en pocas manos desde que nos despojaron de la Madre Tierra”, agregó el líder indígena.

Existen pocos datos que abordan la calidad de vida de los pueblos indígenas en El Salvador, pero hay datos específicos que reflejan la realidad que apuntaba el Tata Nicolás. Entre ellos está el Diagnóstico de la Asociación Coordinadora de Comunidades Indígenas, realizado en 2007.

Este instrumento tiene datos de la población total de Sonsonate, que son los más representativos de la población indígena del país. Según este informe, el 38.3 % de la población se encontraba en una situación de extrema pobreza, el 61.1 % en la línea de pobreza y sólo el 0.6 % tenía cubiertas las condiciones básicas de vida.

Este diagnóstico también identificó que el origen de la situación de pobreza y la pérdida de la identidad cultural de los pueblos indígenas está en la expropiación de tierras desde 1882 y 1883, en el etnocidio de 1932, los 12 años de conflicto armado que iniciaron en la década de 1980 y las migraciones indígenas a otros países de la región.

Pueblos indígenas de Nahuizalco denuncian la falta de acceso a tierras. Muchos de ellos se dedican a la agricultura. Foto/Emerson Flores.

Los representantes de los pueblos indígenas agregaron que  el despojo de sus tierras, mediante los Decretos Legislativo del 15 de febrero de 1881 y del 2 de  marzo de 1882, cambió las condiciones de vida de las poblaciones indígenas hasta la actualidad. Estos decretos dieron vida a la expropiación de las tierras mediante la Ley de Extinción de tierras Comunales en 1881 y en 1882 la Ley de Extinción de Ejidos que provocaron la expropiación de las tierras comunitarias que poseían las poblaciones indígenas.

Foto del Diario Oficial, con fecha martes 14 de marzo de 1882, con el decreto legislativo sobre la extinción de tierras ejidales.

Los pueblos indígenas aseguran que fue en 1881 cuando se comenzaron a eliminar las “instituciones de tradición milenaria”; es decir, las estructuras organizativas de las comunidades indígenas que se articulaban a través del cultivo de la tierra. Este hecho histórico causó que “todos los descendientes de las grandes civilizaciones mesoamericanas se convirtieran en mano de obra barata para las haciendas, las fincas y actualmente para las empresas”, afirmó el Tata Nicolás Sánchez. Desde esa fecha, los pueblos indígenas han exigiendo la devolución de estas tierras que por herencia milenaria les pertenecen, pero hasta la actualidad no han tenido una respuesta favorable por parte del Estado.

El Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en América Central, elaborado en 2012 por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (OACNUDH), expresa que los pueblos indígenas se identifican a sí mismos como personas de escasos recursos económicos, siendo su principal fuente de ingreso la agricultura en pequeñas parcelas arrendadas ya que, en 2007,  el 76 % las personas indígenas no tenían acceso a tierras propias. Este informe también asegura que la escasez de territorios comunales y ejidales causada por la expropiación de 1882, con el agravante de  la falta de reconocimiento de su existencia jurídica, social, ética y cultural, ha forzado a que los pueblos indígenas que habitan en territorio salvadoreño vivan una situación de marginación social.

Además de la tierra, las comunidades indígenas exigen que se les garantice el derecho humano al agua y el derecho a un medio ambiente sano. Los hogares de las familias indígenas no cuentan con el servicio de agua potable. Según el censo de 2007, el porcentaje de viviendas de personas indígenas cuya forma de abastecimiento de agua era un pozo, manantial u otra forma es del 44.4 %.

Las fuentes de agua de las cuales los pueblos originarios se abastecen, como el río Sensunapán y el río Ceniza están siendo contaminadas por hidroeléctricas calificadas por los pueblos indígenas como proyectos de muerte. “Cuando no hay agua, acudimos a bañarnos y a lavar en el río, y ese río (Sensunapan) es el que nos quieren quitar. Nosotros lo que queremos es que no nos quiten el río y no vamos a permitir que nos quiten el agua, si es que de allí agarramos para regar lo que sembramos para comer. Nosotros sembramos espinaca, sembramos rábano y de eso vendemos y nos salen por un par de dólares para ir comprando el azúcar y las cositas que más necesitamos”, explicó Teodora Juárez.

El trabajo digno es otro derecho que no se garantiza para los pueblos indígenas, debido a que sin tierras para cultivar no existen oportunidades laborales. Para Enrique Carías, representante de las comunidades indígenas de Sisimitepec, en el municipio de Nahuizalco, las personas indígenas que no se dedican a la agricultura subsisten a través de la venta de artesanías que son elaboradas con productos naturales como el tule y otros que se encuentran en la ribera del río: “Se pueden hacer todo tipo de artesanías que se pueden vender en el mercado. Tal vez no a un precio alto, pero al menos ayuda a sobrevivir”, aseguró Carías.

Teodora Juárez de Pulque trabaja en un petate que le fue encargado. De esta manera lleva comida a su casa. Foto/Emerson Flores.

Por esta situación, muchas personas indígenas se han visto obligadas a migrar de Nahuizalco a San Salvador en búsqueda de sustento para sus familias. Esta migración trae consigo la desintegración familiar, porque las personas que trabajan en la capital no pueden costearse el regreso  todos los días a sus casas.

“Hay personas que abandonan su familia porque no vienen todos los días, porque está lejos, por el transporte”, aseguró Marta Alicia Pulque, representante de las comunidades indígenas de Sisimitepec.

Debido al deficiente acceso a una educación integral en la zona rural, muy pocas personas de los pueblos indígenas pueden optar a trabajos que requieren el desempeño de capacidades técnicas basadas en educación tradicional. El Diagnóstico sobre la situación de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas en América Central expone que a través de los últimos datos, registrados en 2003, el porcentaje de población indígena que tenía algún grado de escolaridad fue del 58 %, de ellos un 68 % había completado el primer ciclo, un 25.4 % había completado el segundo ciclo y solo el 6.6 % había completado el tercer ciclo.

La pobreza  de las familias indígenas también se convierte en una limitación para terminar los estudios. José Pulque, líder indígena de Sisimitepec y conocido en la comunidad como Tata Pulque, contó a GatoEncerrado que a pesar de que tenía el interés, ya no pudo seguir estudiando después de haber finalizado el sexto grado.

“Yo recuerdo cuando estudié en el año 1968. Yo saqué el sexto grado y mi papá ya no podía. Éramos 6 hermanos y dijo: hasta sexto grado puedo, más ya no puedo. Y ya no nos mandó. No era porque no quisiera, sino porque ya no alcanzaba”, relató el Tata.

Al momento de postularse para la educación superior o de insertarse en la vida laboral, las personas indígenas están en una situación desigual con respecto al resto de la población. El diagnóstico sobre los derechos de los pueblos indígenas comparó el promedio nacional de analfabetismo entre las personas indígenas y no indígenas y los resultados que arrojó en 2007 fue que: el promedio nacional de analfabetismo en personas de entre 10 y 65 años de edad fue del 21.5 %, mientras que para los pueblos indígenas fue del 40.5 %, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Violencias se agudizan

Existen necesidades específicas para las mujeres, juventudes y adultos mayores que el Estado salvadoreño no cubre. En el caso de los pueblos indígenas esta situación de vulnerabilidad se agudiza.

A pesar que el Estado vulnera de manera continua y sistemática sus derechos sociales, económicos y culturales, las comunidades indígenas siguen resistiendo, organizándose y brindando aportes importantes para la protección de los bienes comunes, como lo ha documentado GatoEncerrado en casos como la defensa del río Sensunapan y el caso Tacushcalco.

https://gatoencerrado.news/2022/02/08/sin-garantias-de-reparacion-para-los-pueblos-indigenas-en-el-salvador/