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EL MATONAJE HECHO GOBIERNO

Escrito por: Henry Ayala

Con total asombro leí el menesteroso Comunicado del Ministerio de Gobierno de fecha 11 de abril de 2020, en el que aseveran que habrían entregado permisos especiales de circulación a quienes tenían que moverse de una ciudad a otra y que los Decretos Supremos sobre el COVID 19 contemplarían un tiempo para que las personas se dirijan a sus lugares de origen, asimismo afirma que la defensora del pueblo faltaría a la verdad, pues en su lista de 470 presuntos afectados, no señalaría el lugar donde se encontrarían y que esta institución de acuerdo a la apreciación miope del Ministerio de Gobierno actuaría en función a afanes políticos.

Al respecto, se debe aclarar que la instancia a la que debieron hacer llegar los pobres argumentos vertidos en su Comunicado para ser valorados y puestos en contradicción con los argumentos de la de la Defensoría del Pueblo, ES LA PROPIA SALA CONSTITUCIONAL PRIMERA DE LA PAZ que dicta el justo fallo que los obliga a cumplir con sus deberes constitucionales y NO ASÍ HACERSE PÚBLICO EN UN PANFLETO POLÍTICO (COMUNICADO) SIN RESPALDO DOCUMENTAL NI VALOR LEGAL ALGUNO, puesto que como accionados tenían la obligación de presentar cuanto descargo y/o informe tuvieren a la mano para PROBAR QUE NO VULNERARON NINGÚN DERECHO CONSTITUCIONAL.

De la misma forma, con total desfachatez, pretenden desconocen la existencia de compatriotas que se encuentran varados, LOS LLAMAN PRESUNTOS AFECTADOS y exigen saber dónde se encontrarían estos, cuando es de conocimiento público, no solo de la población boliviana, sino muy pesar nuestro, de todo el continente, que los mas afectados se encuentran en la frontera chileno boliviana, lamentablemente ante los ojos de mundo quedamos como un Estado indolente que no respeta los Tratados y Convenios Internacionales respecto a la protección de Derechos Humanos, pese a que estos se encuentran constitucionalizados, en lo más alto de nuestro ordenamiento jurídico, conforme al Art. 410 de la Constitución Política del Estado dispone.

El merituado comunicado, solo reafirma que estamos frente a un Gobierno caracterizado por la tozudez, ignorancia y el matonaje comunicacional, pues, la acción tutelar que planteo la Defensoría del Pueblo, NO FUE A ATACAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE NINGÚN DECRETO, como erróneamente se anota en el comunicado, sino que fue una ACCIÓN DE LIBERTAD, QUE TUTELA EL DERECHO DE TRANSITO DE NUESTROS CONNACIONALES, derecho que no solo fue exigido en la jurisdicción interna del Estado, sino que también fue denunciado por el Alcalde de Colchane ante instancias internacionales como la ONU Y OEA, cuyas sanciones e indemnizaciones no las pagaran ni Murillo, ni Añez, sino el propio Estado de Bolivia.

Quienes detentan el poder actualmente, deben entender que el fallo que pretenden desacatar, por MANDATO DE CONSTITUCIONAL ES DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO, tanto por servidores públicos como por particulares, así que el Órgano Ejecutivo debe COORDINAR INMEDIATAMENTE EL DESPACHO Y RECEPCIÓN DE LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN TRÁNSITO HACIA SUS LUGARES DE ORIGEN, CUMPLIENDO CON LOS PROTOCOLOS DE SALUD QUE SEAN NECESARIOS, tal y como dispone la Resolución N° 12/2020 de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de la Cuidad de La Paz, de lo contrario deben tomar en cuenta que a diferencia de lo que llaman desinformar, DESOBEDECER FALLOS CONSTITUCIONALES QUE TUTELAN DERECHOS CONSTITUCIONALES, SI ES UN DELITO previsto y sancionado por el Art. 179 Bis. del Código Penal.

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