Opinión

Cuatro informes, pocas propuestas sobre las masacres de Senkata y Sacaba

POR IVÁN BUSTILLOS►

Si hay algo en común en los cuatro informes internacionales que hasta ahora se han hecho acerca de los sucesos de octubre y noviembre de 2019, especialmente de las muertes en Sacaba y Senkata, es la demanda de esclarecer esos hechos, la necesidad de una investigación independiente, y, claro está, la reparación a las víctimas y la sanción a los responsables. Al mismo tiempo, si hay algo más o menos homogéneo también es la respuesta elusiva por parte del Gobierno.

Los cuatro informes a que se hace referencia son: 1) el Informe Preliminarde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que fue presentado el 11 de diciembre de 2019; 2) el reporte Nos dispararon como a animales. Noviembre negro y el gobierno interino de Bolivia, elaborado por la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard (IHRC, por su sigla en inglés) y la Red Universitaria por los Derechos Humanos (UNHR), y hecho público (aunque solo en inglés) el 27 de julio de 2020; 3) el informe Para sanar la pandemia de impunidad de Amnistía Internacional (AI), cuya publicación data del 21 de agosto de 2020; y, 4) La situación de los derechos humanos tras las elecciones generales del 20 de octubre de 2019 en Bolivia, confeccionado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Huma nos (OACNUDH), que fue hecho público el 24 de agosto de 2020.

La CIDH fue la primera en demandar una investigación internacional sobre los hechos de octubrenoviembre del año pasado. Al final de su informe, su primera recomendación es “crear un mecanismo de investigación internacional sobre los hechos de violencia ocurridos en Bolivia a partir de octubre de 2019”.

Crar un Grupo Internacional de Expertos Independientes porque a la CIDH le preocupa que éste trabaje “con garantías de autonomía e independencia para asegurar el derecho a la verdad e identificar debidamente a los responsables”.

El informe de la Clínica de la Universidad de Harvard (que es uno de los reportes más extensos), por su lado, la primera recomendación que hace también es “investigar las violaciones de derechos humanos”, específicamente en matanzas, detenciones arbitrarias, siembra de evidencias, intimidación de testigos, agresiones a la libertad de expresión.

Un aspecto que también preocupa a la Clínica es la “imparcialidad de las investigaciones”, y el principal riesgo que ve es que haya intimidación a los testigos, el que sean objeto de represalias por lo que digan. Aquí, la Clínica ve clave el rol de los fiscales, del Ministerio Público, que tendrían que ser los llamados, dice, a “proteger a las víctimas y testigos de violaciones de derechos humanos bajo investigación”.

En ambos casos, el Gobierno descalificó los informes como “sesgados”, “tendenciosos”, “vergonzosos”.

“Recibimos con mucho dolor el informe de la CIDH, porque lo ha hecho unilateralmente. Nos parece un informe totalmente sesgado, que no refleja la realidad. Un informe que está favoreciendo solamente al narcoterrorismo; no está favoreciendo al pueblo de Bolivia”, destacó el mismo 11 de diciembre el ministro de Gobierno, Arturo Murillo.

En esa oportunidad, el Viceministro de Coordinación Gubernamental incluso adelantó la elaboración de un “contrainforme”, para “complementar” el referido texto de la CIDH.

Con respecto al informe de la Clínica de Harvard, la respuesta esa vez vino a través de un comunicado del Ministerio de Justicia, que señaló que el informe es “tendencioso” sobre la represión en Sacaba y Senkata en 2019, y que contiene además “varios errores”. El carácter tendencioso del documento, señalaba Justicia, radica en que se refiere a los hechos de noviembre de 2019 “sin tomar en cuenta el origen del conflicto”, el gobierno de Evo Morales, que significó, dice, “cien asesinatos, decenas de prisioneros políticos, más de mil exiliados, e incontables casos de hostigamiento, censura y restricciones contra periodistas y medios de comunicación por medio de una sistemática violación a los derechos humanos mediante la instauración de una compleja estructura estatal y paraestatal que pretendía perpetuarse en el poder”.

Entre los errores contarían el desconocimiento de los autores de que hoy día “se están realizando” las investigaciones de los referidos hechos, “conforme al debido proceso”; y que no mencionan los decretos de “reparación integral a las víctimas y a los familiares de los fallecidos”.

Si bien la reacción gubernamental contra los dos anteriores informes fue de cuestionar su imparcialidad, no ocurrió lo mismo con el que hizo Amnistía Internacional.

“Este informe de esta organización contiene información relevante sobre las violaciones de derechos humanos durante la crisis postelectoral. Amnistía Internacional señala que, en diferentes momentos de dicha crisis, altas autoridades del gobierno, incluido el expresidente Morales y sectores afines a él, emitieron declaraciones que contenían llamados a ejercer acciones violentas y amenazas de cercar ciudades si los paros continuaban”, remarcó entonces el Ministerio de Justicia en un comunicado de prensa.

Y es que el texto de AI, en una parte, cuestiona la actuación del gobierno de Morales y de su entorno político, involucrados también en la crisis de octubre y noviembre del año pasado.

Pero eso es solo una parte. En las conclusiones y recomendaciones, AI vuelve a poner en tela de juicio la falta de investigación y esclarecimiento de los hechos, especialmente las muertes en Sacaba y Senkata, y, por tanto, la persistencia de un estado de impunidad de los responsables.

“El informe incluye muchos interrogantes que todavía no han sido esclarecidos, especialmente las circunstancias en las cuales al menos 35 personas perdieron la vida y otras 833 resultaron heridas durante los sucesos de noviembre de 2019, entre otros, y en la represión de las protestas de Sacaba y Senkata. Asimismo, documenta ataques contra personas defensoras de los derechos humanos, periodistas y comunicadores sociales y el hostigamiento a opositores políticos y personas percibidas como tales, incluidos jueces”.

Pero hay un hecho en que el organismo internacional es enfático: la necesidad, aún ahora, a nueve meses de los hechos, de la investigación internacional independiente.

“Bolivia requiere de un mecanismo independiente con personas expertas internacionales”, destaca Aministía Internacional.

Esto, dice, principalmente para “desentrañar la verdad y brindar justicia y reparaciones a las víctimas y sus familiares. Un paso fundamental en esa dirección se ha dado con el acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la creación de un Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI)”.

Este grupo, recuerda AI, fue aceptado por el Gobierno interino boliviano mediante un acuerdo con la CIDH el 12 de diciembre de 2019.

El 23 de enero de 2020 la CIDH anunció que el GIEI estaría integrado por Juan Méndez, Julian Burger, Marlon A. Weichert y Patricia Tappatá Valdez. Un mes después —recuerda el organismo internacional— el 21 de febrero, el Ministro de Justicia solicitó a la CIDH, dándole un plazo específico, un cambio de integrantes del GIEI, concretamente de Juan Méndez y Patricia Tappatá Valdez “por tener una opinión predefinida y tendenciosa de los hechos ocurridos en Bolivia”.

Es aquí que AI protesta abiertamente contra el Gobierno transitorio: “Dicho cuestionamiento, al sugerir la remoción de dos integrantes estableciendo un plazo para hacerlo constituye una afectación a la autonomía de la CIDH y a la independencia del GIEI para llevar adelante su labor”.

AI, recuerda su informe, en esa oportunidad ya elevó su protesta sobre la licencia que se daba el gobierno interino de vetar a quienes iban a investigar los hechos luctuosos. Y en el informe de agosto, AI vuelve a la carga: “Amnistía Internacional hizo y reitera ahora su llamado a las autoridades bolivianas para que se abstengan de emitir pronunciamientos que afecten la independencia del GIEI, y para que cumplan con su compromiso, públicamente reiterado, de respeto de los derechos humanos para el esclarecimiento de los hechos”.

En lo relativo al informe de OACNUDH, lo mismo, el organismo internacional en la primera recomendación inscribe la necesidad de una pronta “rendición de cuentas” por parte del Estado boliviano sobre los hechos de octubre-noviembre de 2019, especialmente las muertes en Sacaba y Senkata.

“Garantizar la realización de investigaciones prontas, independientes, imparciales, exhaustivas, transparentes y efectivas de todas las alegadas violaciones a los derechos humanos y abusos que ocurrieron durante la crisis postelectoral, y proveer una reparación integral a todas las víctimas y sus familiares”, demanda en el punto uno de sus recomendaciones la OACNUDH.

Al igual que la CIDH, la Oficina del Alto Comisionado llama a que la Fiscalía General del Estado “sea plenamente imparcial y que fortalezca sus capacidades para realizar investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos, lo que podría lograrse a través de la creación de una Fiscalía Especializada”.

Como se vio en esta semana, la reacción del Gobierno no pudo ser menos sorprendente: “Señora (Michelle) Bachelet (la Alta Comisionada), no se tape los ojos, mire con sus dos ojos. Bolivia necesita que haga todas las observaciones pero con total claridad, con transparencia y que no hagan campaña política”, habló el ministro Arturo Murillo a nombre del Gobierno interino.

La expresidenta chilena, al presentar su informe solo había dicho: “Me preocupa profundamente que, nueve meses después, aún no ha habido rendición de cuentas por las muertes en Sacaba y Senkata, ni para la mayoría de las muertes ocurridas en el periodo cubierto por nuestro informe”.

https://www.la-razon.com/politico/2020/08/31/cuatro-informes-pocas-respuestas/

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