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Crisis Laboral, gobierno de Añez nuevamente se burla de los trabajadores despedidos durante la cuarentena

El Gobierno transitorio de Jeanine Áñez nuevamente se burla de la población boliviana con el Decreto Supremo 4325 que reglamenta el artículo 7 de la ley que coadyuva a regular la emergencia por el Covid-19, y establece que solamente los trabajadores despedidos hasta el 30 de abril podrán ser reincorporados.

El artículo dos de dicho decreto define que “se entiende por cuarentena la restricción y suspensión total de las actividades públicas y privadas en todo el territorio nacional, con la finalidad de prevenir la propagación y contagio del coronavirus (Covid-19) vigente desde el 22 de marzo al 30 de abril de 2020”, acorde a los tres decreto supremos emitidos en ese periodo.

El artículo 7 de la ley 1309 especifica que ningún trabajador podrá ser despedido hasta dos meses después de la cuarentena y el régimen transitorio señaló – mediante ese decreto – que la cuarentena concluyó el 30 de abril y que solamente los trabajadores de las empresas públicas que prestan servicios públicos o son consideradas estratégicas pueden recurrir al mecanismo de la reincorporación o impugnación del despido ocurrido en ese tiempo.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, a causa de la pandemia del coronavirus Covid-19, en Bolivia 289.000 personas quedaron sin empleo, incrementando la cifra total de cesantes hasta los 434.000 desempleados.

Un boletín de prensa del INE precisa que los datos sobre la población urbana, a julio de 2020, son 8,1 millones de personas. El efecto de la pandemia empezó en abril, con 370.000 personas afectadas. De la población económicamente inactiva que representa un total de 2,2 millones de personas, se puede verificar que 409.000 personas se vieron afectados por la pandemia.

La cuarentena, en primera instancia fue rígida y se extendió hasta el 31 de mayo, posteriormente se llamó dinámica y flexible que abarcó hasta el 31 de agosto y ya desde septiembre se ingresó a la fase de post-confinamiento.

Anteriormente, el Gobierno de Añez también burló la ley de diferimiento de créditos que establecía la postergación de pago de créditos por seis meses después de la cuarentena y mediante decreto, el Ejecutivo, reglamentó la ley señalando que el diferimiento solamente sería por seis meses a partir de la cuarentena es decir que en septiembre ya se tenía que comenzar a pagar nuevamente los préstamos bancarios, por lo que la Asamblea Legislativa tuvo que modificar y la ley y fijar que el diferimiento de las deudas sea hasta el 31 de diciembre de este año.