Compra irregular de diésel: ministro ZAMORA y ALCALÁ de la ANH están BAJO SOSPECHA

►Por Zulema Alanes B►

Las contrataciones y adjudicaciones directas realizadas por YPFB durante el periodo de emergencia por el Covid19 y que fueron puestas bajo sospecha por irregularidades y sobreprecio, se realizaron bajo tuición del Ministerio de Hidrocarburos y conocimiento de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), según denuncias que conoció Cabildeo Digital.

YPFB fue cuestionada por la contratación directa de una póliza de seguros y por la compra de combustibles con supuesto sobreprecio en el marco de procedimientos por emergencia durante la pandemia del coronavirus.

En ambos casos, el Ministerio de Hidrocarburos deslindó responsabilidades y aseguró que YPFB actuó de acuerdo a lo que establece su autonomía de gestión técnica y económica.

Empero, según conoció Cabildeo Digital, dicha autonomía está restringida por la ley 970, aprobada el 17 de agosto de 2017 en el Gobierno del MAS, que modifica el Parágrafo III del Artículo 22 de la Ley 3058 de Hidrocarburos, y establece que “III. El Presidente Ejecutivo es la Máxima Autoridad Ejecutiva de YPFB. La Presidencia del Directorio será ejercida por la Ministra o el Ministro de Hidrocarburos”.

El 2017, la ley 970 fue cuestionada por legisladores de la entonces oposición hoy en funciones de Gobierno, porque vulnera varias normas que establecen claramente las atribuciones específicas del Ministerio de Hidrocarburos como ente normador, de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) como ente regulador y de YPFB como operador.

YPFB es una institución autárquica, es decir, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Por mandato de la CPE, el Ministerio de Hidrocarburos ejerce tuición sobre YPFB para cuidar, guardar o defender, no para dirigir.

Según se denunció a Cabildeo Digital, “dado que el actual ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, refrendó la mencionada Ley 970 y asumió la Presidencia de YPFB, es responsable, entre otras atribuciones, de ‘aprobar las condiciones, forma y suscripción de los contratos petroleros’ según lo establece el Decreto Supremo N°28324”.

Por tanto, “el actual Ministro de Hidrocarburos, no puede negar que tiene conocimiento de la contratación directa de un seguro, ni de la importación y compra de combustibles (diésel y gasolina con sobreprecios) que en la actualidad son motivo de cuestionamiento”, señala la denuncia y reclama que la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) como ente regulador y fiscalizador sea incluida en las investigaciones.

El pasado 8 de mayo, la Unidad de transparencia de YPFB demandó al Ministerio Público iniciar las investigaciones por irregularidades en la contratación de manera directa de una póliza de seguros y en la compra de combustibles con supuesto sobreprecio.

EL CASO SEGUROS EN LA MIRA DE LAS DENUNCIAS

En el caso de las irregularidades en la adjudicación de un seguro para YPFB por Bs 49 millones, denunciado el 14 de abril por Cabildeo Digital, la estatal petrolera confirmó la responsabilidad penal y administrativa de funcionarios de esa institución y denunció el hecho ante el Ministerio Público.

El 19 de mayo el jefe de la Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos, Iván Roncal, declaró el caso como “definitivamente concluido”, deslindó responsabilidades del Ministerio de Hidrocarburos y aseguró que corresponde a la Fiscalía y al Órgano Jurisdiccional establecer las sanciones para los funcionarios denunciados.

En conferencia de prensa, Roncal afirmó que YPFB es una empresa autárquica de derecho público, con autonomía de gestión administrativa, técnica y económica, según la CPE y la Ley 3058 de Hidrocarburos, mientras que “Las atribuciones y competencias del Ministerio de Hidrocarburos son principalmente fijar las políticas del sector, aunque sí puede fiscalizar, como en este caso, los actos y contratos de las entidades bajo su tuición, en la modalidad de control externo posterior”.

“En esa instancia se realizó el proceso correspondiente, que concluyó con el informe final que manda la ley y al establecer que existe responsabilidad penal y administrativa de algunos funcionarios de YPFB, presentó ante el Ministerio Público una denuncia penal y recomendó instaurar un proceso administrativo en su contra”.

Lo que no explicó Roncal es la responsabilidad que corresponde al Ministro de Hidrocarburos que como presidente de YPFB debe ‘aprobar las condiciones, forma y suscripción de los contratos petroleros’ según lo establece el Decreto Supremo N°28324”.

APUNTAN A LA ANH POR LOS CONTRATO DE DIÉSEL, INSUMOS Y ADITIVOS

El otro caso bajo investigación de la Fiscalía es la adjudicación sin licitación de al menos cuatro contratos para el suministro de diésel e insumos y aditivos por 163.967.533 dólares.

Al respecto, el ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, admitió que por la emergencia sanitaria YPFB se vio obligada a recurrir al procedimiento de contratación directa para garantizar el abastecimiento de combustibles.

Zamora justificó los contratos aun cuando admitió que durante la cuarentena por el Covid19 la demanda de gasolina y diésel en el país se redujo significativamente: “antes eran 156 millones de litros, casi 157 millones de litros mes, ahora utilizamos 43 millones, ni la tercera parte en esta época del cierre (…) El diésel va por ahí, al mes utilizábamos 167 millones (de litros) ahora utilizamos 33 millones, ha bajado mucho más incluso, a menos de la cuarta parte a un 20% aproximadamente”.

Según la denuncia formulada a Cabildeo Digital, “la importación de combustible podría justificarse técnicamente, lo que extraña es la urgencia y el hecho de haberlo hecho amparados en una resolución de compras por excepción ya que no había apuro teniendo los depósitos de almacenamiento llenos. Asimismo, los precios no corresponden a la caída del precio del petróleo”.

Asimismo, sugiere que “es necesario también hacer el seguimiento de la importación de crudo, seguramente estuvo (el Ministro de Hidrocarburos) al tanto también de esta actividad; sin embargo, es necesario constatar aquello con la Resolución con la que el Directorio la aprobó, para verificar si hubo o no buena fe en dicha compra”.

Las dudas también recaen sobre la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) dado que “por norma YPFB no puede hacer ninguna compra de combustible del exterior sin el consentimiento y autorización de este ente regulador y fiscalizador” y por tanto “debe ser incluida en las investigaciones que realiza la Fiscalía”.

La denuncia señala que la ANH despidió a personal técnico que podría aportar con información clave en este caso, especialmente, respecto a la omisión de esta institución que ya en el anterior Gobierno aun de tener un importante rol regulador y fue “relegada para no decir ni opinar nada, por eso las irregularidades y corrupción que ya se conocen, como la construcción de la Planta de Amoniaco y Urea”

Dadas las atribuciones que le corresponden, la ANH puede aportar con información clave para esclarecer si hubo o no sobreprecio en esto contratos porque “cada mes se reúne el Comité de Producción y Demanda (PRODE) y define las necesidades de provisión de combustibles”.

Se sospecha que debido a que como consecuencia de la cuarentena los depósitos de combustibles estaban llenos o estoqueados no había urgencia de autorizar la compra.

Fuente: #Cabildeo