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Campaña de Difusión Por la Vida y los Derechos: FOTOREPORTAJE: RACISMO DISCRIMINACION Y VULNERACION DE DERECHOS EN EL GOLPE DE ESTADO EN BOLIVIA, UN RECUENTO NECESARIO

(APC BOLIVIA)

Pasaron más de dos años de haber vivido una de las páginas más oscuras de la historia reciente de Bolivia: en noviembre de 2019 se concretó un minucioso plan perpetrado por sectores reaccionarios y conservadores de la extrema derecha boliviana, que encontraron en las elecciones del 20 de octubre de 2019, el mejor pretexto para activarlo, argumentando premeditadamente un “fraude monumental” nunca probado, plan que ahora se conoce fue minuciosamente trabajado, con la finalidad de despojar del poder a los pueblos indígenas originarios campesinos de Bolivia representados por el gobierno del entonces presidente Evo Morales.

Esa misma noche de las elecciones, ganadas por Morales en primera vuelta, el principal candidato de la derecha, Carlos Mesa, encendió la mecha de la violencia haciendo un llamado al desacato de los resultados y a la toma de los tribunales electorales, desencadenando una ola de violencia dirigida con toda su furia hacia los movimientos sociales, base social del gobierno del “proceso de cambio”, es decir, campesinos, indígenas, originarios y sectores populares de las ciudades.

Veintiún días de violencia, agresiones y vulneración de derechos que la clase media desplegó con estrategias poco habituales, ante la falta de convocatoria a sus movilizaciones recurrieron a bloquear las calles, por ejemplo, con muñecos de peluche o figuras de superhéroes, al punto de ganarse el denominativo no casual de “pititas”, porque sus bloqueos lo concretaban amarrando pitas de poste a poste para lograr cerrar las calles citadinas e impedir la libre circulación.

La violencia y la actitud revanchista caracterizó la emergencia de esta movilización de la clase media urbana, cuyo accionar fue deliberadamente racista,  y en su transcurso adquirió liderazgo nada más y nada menos la figura del cívico cruceño, Luis Fernando Camacho, opositor extremo y líder del comité cívico de la zona más rica de Bolivia, además de ser parte de una de las dos grandes logias de la zona (Los caballeros del oriente) y junto a su familia, del Grupo Empresarial de Inversiones Nacional Vida S.A., compañías vinculadas a los seguros, el gas y los servicios.

La llegada de la fiesta de Todos Santos el 1 y 2 de noviembre, muy tradicional para los sectores rurales, tuvo un doble efecto en el conflicto, por un lado, casi desmovilizó a los sectores de resistencia popular indígena originaria campesina, que se dedicó a celebrar a sus difuntos, pero por otro lado, fue muy bien aprovechada por los sectores de la derecha que mantuvieron los bloqueos, siendo su bastión más fuerte la ciudad de Santa Cruz, donde ya se denunciaba el reclutamiento de gente de la calle y se pagaban sumas de dinero por día de bloqueo, además de la comida gratis, las parrilladas, churrascos y las bebidas alcohólicas que circulaban.

Pasada esta celebración, las movilizaciones regresaron, las mismas fueron muy bien magnificadas y manipuladas por el aparato mediático de la derecha que hacía todo por mostrarla como pacífica y ciudadana, ocultando sus amplias facetas agresivas de atropello y amedrentamiento, ya que sus grupos de choque y turbas violentas agredían sin contemplaciones a líderes del partido de gobierno del MAS-IPSP, cuyos domicilios particulares una vez identificados eran incendiados y saqueados, sus familiares agredidos y ellos huyendo de las persecuciones.

 

Se multiplicaron las agresiones violentas a dirigentes de las organizaciones sociales, muchos de ellos sufrieron los más crueles vejámenes y la violación a sus fundamentales derechos, una de las primeras en sufrir la vulneración a sus derechos fue la dirigente gremial de Santa Cruz, Paola Aguilar, además de otros casos que destacamos a continuación:

El 9 de noviembre, ante la falta de seguridad y repliegue de la amotinada policía boliviana, turbas enardecidas y violentas, tomaban acciones de hecho contra personas y autoridades vinculadas a Evo Morales y al instrumento político MAS-IPSPS, saqueando e incendiando domicilios particulares como: La casa de Esteban Urquizu, gobernador de Chuquisaca, la casa de Víctor Hugo Vásquez, gobernador de Oruro, y, ese mismo día en Oruro, la casa de la señora Esther Morales, hermana de Evo Morales, fallecida en 2020.

AGRESION Y VEJAMEN A PATRICIA ARCE: El 6 noviembre de 2019 las redes sociales estallaban ante una de las mayores escenas de violencia en Cochabamba cuando en la localidad de Vinto fue quemado el edificio de la Alcaldía y una turba de cívicos y afines a la alianza perdedora de las elecciones Comunidad Ciudadana (CC), autodenominado “Resistencia Cochala”, retuvo y agredió a la alcaldesa Patricia Arce, de filas del Movimiento Al Socialismo (MAS), luego de perseguirla la retuvieron y la humillaron cruelmente, hasta lanzarla al piso, golpearla, cortarle los cabellos y echar pintura roja sobre su humanidad.

AGRESIONES VIOLENTAS CONTRA FELICIANO VEGAMONTE, DIRIGENTE CAMPESINO: El 6 noviembre de 2019 se denunciaba en redes sociales que un grupo violento de jóvenes afines a la oposición y vinculados al grupo irregular “resistencia cochala” secuestró al exdirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Feliciano Vegamonte, durante los enfrentamientos ocurridos en el municipio de Quillacollo, Cochabamba, y lo obligó a arrodillarse y pedir perdón, según un video difundido. “¡De rodillas, de rodillas! ¡Pedí perdón, pedí perdón!”, se escucha amenazar a los jóvenes en ese corto audiovisual, en el que se ve a Vegamonte de rodillas y con las manos juntas para rogar por su vida.

ATAQUE A LAS MUJERES DE POLLERA EN COCHABAMBA POR EL GRUPO ARMADO “RESISTENCIA COCHALA”: La Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa” denunció el 6 de noviembre de 2019, una cobarde agresión sufrida en la marcha y concentración pacífica que se venía desarrollando en la plaza 14 de septiembre de la ciudad de Cochabamba, en defensa de la democracia y rechazo al racismo y discriminación que se imponía en el país. Grupos de motoqueros de la “Resistencia cochala”, que es el grupo armado de los seguidores de Comunidad Ciudadana, pretendieron detener la marcha de las mujeres “Bartolinas”, posteriormente intentaron cercar al cabildo de mujeres, versiones de las mujeres movilizadas, indican que fueron agredidas tanto por la policía como por los grupos armados de motoqueros vandálicos.

QUEMA Y SAQUEO DE LA CASA DE VICTOR BORDA PRESIDENTE DE DIPUTADOS Y SECUESTRO Y TORTURA DEL HERMANO DE VICTOR BORDA: el 10 de noviembre de 2019, grupos irregulares armados, que transitaban en motocicletas, violentaron, saquearon y procedieron a quemar el domicilio de Víctor Borda, entonces presidente de la Cámara de Diputados, en la ciudad de Potosí. Ese mismo día su hermano, Marcos Borda, que se encontraba en el domicilio, fue secuestrado, torturado y amenazado de muerte junto a su familia y sus hijos. Le rociaron con gasolina y le amenazaron con quemarlo vivo, si su hermano no renunciaba.

SAQUEO Y DESTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA CSUTCB: El sábado 9 de noviembre de 2019, se denunció un violento ataque que perpetraron grupos de choque de la oposición a instalaciones de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) en La Paz y su medio de comunicación radio Comunidad, ubicado en el edificio Los agresores, no contentos con la toma física del inmueble, secuestraron y maniataron a su director en un poste, sin dejar de hostigarlo.

SAQUEO Y DESTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA CSCIOB: Ocurrió en la sede de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarios de Bolivia CSCIOB, en La Paz (Avenida Busch), cuando el sábado 9 de noviembre del 2019 los “pititas” llegaron lanzando petardos y dinamitas, una turba agresiva de personas ingresan forzando las puertas, se concentran en el patio de la Confederación, acompañados de policías. Registran y buscan en todos los ambientes, encuentran al compañero Emilio Huanca, lo secuestran después de darle golpes y patadas. Saquean todo lo que pueden, se lo llevan a nombre de ADEPCOCA, destruyen todo lo que encontraban en las oficinas se llevan todo. Declaran a la Confederación como recuperada y deciden que será la sede del barrio. Realizan una oración y luego entonan el Salve oh Patria, ponen la Bandera Nacional (Testimonio).

Así mantuvieron las movilizaciones, que avizoraban un desgaste natural y un repliegue consecuente, si no fuera por un hecho fundamental que ocurrió el 8 de noviembre, cuando desde Cochabamba se anunció el motín policial, con el retiro de tropas policiales de las calles, su repliegue a los cuarteles y la ruptura con el gobierno aduciendo que éste no atendió las demandas exigidas en pleno conflicto, en medio de la algarabía de la derecha movilizada que agradecía este gesto a la policía.

Dos días después, el 10 de noviembre, el ejército boliviano se suma a la policía y anuncia también su repliegue, retirando la lealtad a su comandante general, como era Evo Morales en su condición de primer mandatario, al punto de sugerirle su renuncia, los jefes de las tres fuerzas armadas anuncian este hecho ante la prensa.

Estos dos acontecimientos determinantes precipitan los hechos y crean las condiciones para consumar el golpe de Estado y el plan de la derecha. Ante la traición de las fuerzas armadas se reavivó la violencia y caldeó los ánimos de la derecha para concretar sus objetivos golpistas. Hoy sabemos, por boca del propio Camacho, que su padre, de igual trayectoria política conservadora y ligada a regímenes de la dictadura militar del pasado, fue el encargado de “negociar” con las fuerzas armadas para que tomen esta decisión, con altas cifras de dinero de por medio.

Así establecidos los hechos, se logró la planificada renuncia de Evo Morales, quien obligado por la ola de violencia y el abandono de las fuerzas armadas no tuvo otro camino. Morales ese día anunciaba: “estoy renunciando justamente para que mis hermanos y hermanas dirigentes autoridades del MAS no sean hostigados, perseguidos, amenazados, lamento mucho este golpe cívico, y que un sector de la policía pueda plegarse para atentar contra la democracia. Pueden quemar mi casa, pero no (se metan) con mi familia, si quieren vengarse, con Evo y Álvaro, no con nuestras familias, menos con nuestros dirigentes sindicales, tarde o temprano se juzgará… por estas cosas estamos renunciando, para que no sigan siendo amenazados y amedrentados nuestras familias”.

De inmediato, sintiéndose vencedores, la derecha puso en marcha el siguiente paso, establecer un gobierno que responda a su nefasto plan golpista prácticamente consumado. Camacho junto a políticos de la derecha boliviana, diplomáticos de países cómplices como Brasil y la iglesia católica, se reunieron en la sede de gobierno, La Paz, en la universidad católica para impedir la sucesión constitucional y evitar que asuma el mando presidencial autoridades pertenecientes al partido de gobierno de entonces MAS-IPSPS como correspondía, activan entonces su denominado plan B, identificando a Jeanine Añez, una senadora beniana opositora y de muy bajo perfil, segunda vicepresidenta de la cámara de senadores, como la indicada para un rompimiento del orden constitucional camuflado y sellar el plan del golpe de Estado en contra de la democracia.

Es así que Jeanine Añez, con la orden emanada de la mencionada reunión, se autoproclama el 12 de noviembre, como presidenta interina de Bolivia, en medio de una sesión legislativa ilegitima, sin el quorum correspondiente y rompiendo todos los cánones reglamentarios del Órgano Legislativo, siendo los jefes militares quienes le impusieron la banda presidencial, rompiendo el orden constitucional y consumando un golpe de Estado contra un gobierno democráticamente electo.

DECRETO DE LA MUERTE Y MASACRES AL PUEBLO: Una vez asumida la presidencia de facto, el pueblo organizó la resistencia en diferentes puntos, regiones y departamentos del país, el gobierno de facto de Añez y su ministro Murillo, arremetieron contra las protestas populares movilizando a las fuerzas armadas policiales y militares, a nombre del restablecimiento del orden en Bolivia, promulgó el Decreto Supremo 4078 habilitó la impunidad de los militares y del mismo gobierno de Jeanine Áñez en las jornadas de represión y sangre que vivió el país durante noviembre de 2019.

MASACRE DE SACABA: El puente de Huajllani se encuentra al ingreso de la ciudad de Cochabamba. Hasta ahí llegaron, el 15 de noviembre de 2019, miles de manifestantes, sobre todo del trópico cochabambino, horas después, la televisión mostraba las imágenes de cuerpos sin vida de once bolivianos. “El 15 de noviembre de 2019, tres días después de que el gobierno interino tomara el mando, las fuerzas del Estado abrieron fuego contra una marcha que pasaba por la ciudad de Sacaba, dejando al menos once muertos y 120 heridos. Todos los asesinados y heridos eran civiles, indígenas. Ningún policía o soldado resultó herido”, indica el informe de la Defensoría del Pueblo, sobre la vulneración de Derechos Humanos en Bolivia durante el lapso 2019-2020.

MASACRE DE SENKATA: Senkata es el distrito 8 de la ciudad de El Alto. Allí están instalados los depósitos de gas y gasolina de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Hasta esos almacenes se movilizaron vecinos alteños durante varios días. El 19 de noviembre, buscando evitar el desabastecimiento de carburantes, el gobierno de facto ordenó el ingreso violento de cisternas para transportar los energéticos. Ante la movilización, uniformados dispararon balas, balines y gases lacrimógenos. Murieron otros once manifestantes y, como remarcó el informe de la Defensoría del Pueblo, ni un sólo uniformado fue herido.

MASACRE DE PEDREGAL: Ocurrida el 11 de noviembre de 2019, producto de la incursión policial con hechos violentos en las zonas Ovejuyo, Pedregal, Rosales y Chasquipampa, donde existió uso de balas, balines, con la muerte de dos personas y decenas de heridos.  La violenta represión contra los movilizados fue por el hecho de que quemaron en plena plaza principal de La Paz la wiphala (enseña indígena reconocida como bandera nacional y símbolo patrio). En esas horas el poder real estaba en manos de militares y policías, que determinaron “pacificar el país”. Quisieron hacerlo a bala, sangre y golpes.

EXIGIMOS JUSTICIA, JEANINE AÑEZ NO ES UNA VICTIMA ES RESPONSABLE DE LA MUERTE DE BOLIVIANOS Y BOLIVIANAS: El saldo de heridos y muertos bajo el régimen de facto de Añez es total responsabilidad de la misma. La violencia que venía de las Fuerzas Armadas y de la Policía que tomaron las calles y arremetieron contra el pueblo en noviembre de 2019, dejó un saldo trágico de 37 muertos, más de 800 heridos y 1.500 detenidos, ¡¡¡para los que se pide simplemente JUSTICIA!!! Añez que intenta ahora mostrarse como víctima, no lo es, este recuento revela su accionar y su responsabilidad ante la justicia.

Junto a Añez, deben responder por estas muertes y delitos de lesa humanidad, personajes de la política boliviana que ahora se muestran como inocentes y victimas cuando se les confronta ante la justicia: Luis Fernando Camacho, Carlos Mesa, Tuto Quiroga, Waldo Albarracín, Samuel Doria Medina, entre otros, deben asumir su responsabilidad al haber propiciado el rompimiento del orden constitucional y decidido, respaldado y participado del gobierno de facto, inconstitucional de Añez perpetrando las masacres que cobraron la vida de 37 bolivianos. ¡JUSTICIA!