Bolivia sigue a la cola en la protección de la libertad de expresión
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Entrevista al relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el uruguayo Edison Lanza, quien observa la complejidad política boliviana y sus efectos en el ejercicio de derechos y libertades fundamentales para cualquier democracia.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) considera que la legislación boliviana está aún rezagada en materia de protección de la libertad de expresión, lo que incide negativamente sobre la calidad de la democracia en el país.
“Bolivia tiene que dar un salto de calidad en la protección de la libertad de expresión, como lo han dado otros países de la región, y esto es una obligación de todos los órganos del Estado”, dice Edison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, en esta entrevista concedida a OPINIÓN en ocasión del Día del Periodista Boliviano, que se celebra este 10 de mayo.
Lanza es consciente de que Bolivia atraviesa un periodo político muy particular, marcado por una polarización social que fue precipitada por la crisis postelectoral del año pasado y que se ha agravado debido a la crisis sanitaria mundial por el coronavirus.
Estando bajo un Gobierno transitorio, comprometido a encaminar elecciones nacionales durante este 2020, el país necesita autoridades resultantes de las urnas que, entre otras signaturas urgentes, se den a la tarea de implementar ajustes normativos que garanticen un ejercicio más pleno de la libertad de expresión y protejan a periodistas y otros actores amenazados por ejercer ese derecho fundamental.
“Tienen que adoptar los más altos estándares en materia de libertad de expresión, porque eso va a mejorar mucho la calidad de la democracia en Bolivia”, recomienda Lanza (Montevideo, 1970), periodista y abogado uruguayo que, desde su despacho, hace un seguimiento permanente del estado de la libertad de expresión en Bolivia y en todos los países pertenecientes a la Organización de Estados Americanos (OEA), de la que se desprende la CIDH.
La aprobación de esos estándares, afirma el Relator, es una tarea que compromete muchas transformaciones, entre ellas la regulación de la publicidad estatal, la protección de periodistas, la aprobación de una ley de acceso a información pública, la discusión de normas penales que puedan ser empleadas para perseguir (a periodistas o activistas) y el ejercicio de la libertad de expresión en contextos electorales.
“Hay que remover los obstáculos para publicar encuestas, para difundir información durante elecciones. Creo que hay un régimen excesivo de restricciones a la libertad de expresión durante los periodos electorales”, ilustra, en alusión a la muy criticada ley electoral que promovió y puso en vigencia el Gobierno de Evo Morales.
En esa medida plantea la posibilidad de una visita oficial a Bolivia de la Relatoría que permita hacer un diagnóstico de la libertad de expresión, el derecho a la información, internet y otros asuntos conexos para luego formular una serie de recomendaciones a los órganos del Estado Plurinacional de Bolivia. “Puede ser muy útil como una suerte de hoja de ruta para avanzar y poner a Bolivia entre las democracias plenas que respetan las libertades fundamentales y con garantías efectivas”, añade.
LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN PANDEMIA
Lanza comprende que los estados de excepción que imperan en los países de la región, impuestos por los gobiernos para contener el avance del coronavirus, han abierto un nuevo frente de debate sobre los límites de la libertad de expresión, que corre el riesgo de restringirse y sancionarse cuando las autoridades consideran que contribuye a la desinformación en torno a la pandemia.
La persecución y el arresto de periodistas o activistas, que critican las políticas sanitarias de sus respectivos gobernantes, configuran la cara más abusiva de regímenes poco dados a lidiar con las disidencias y los cuestionamientos. Sin embargo, aunque la emergencia sanitaria justifica la adopción de acciones drásticas para velar por la salud de las poblaciones, hay autoridades que incurren en excesos que están siendo denunciados y monitoreados por la Relatoría de la CIDH.
Lanza considera que los Estados deberían privilegiar el uso de instrumentos no punitivos a los punitivos para combatir la desinformación que evidentemente prolifera en coyunturas como la de la pandemia.
Reconoce que la crisis sanitaria exige de los gobiernos medidas contundentes para cuidar la salud de los habitantes, pero aclara que, cuando se trata de desinformación, tales medidas deberían pasar por la inversión en información y “contradiscursos” para desmontar las mentiras que circulan en torno a la enfermedad y su atención.
A manera de diagnóstico, dice que en la región hay países que, por un lado, recurren a leyes antiguas para sancionar la desinformación campante; otros que, por su lado, apelan a normas anteriores a la pandemia para acallar y detener a quienes critican las políticas gubernamentales, y finalmente, casos más singulares, como el de Bolivia, que, con el Decreto 4220, incorporó figuras legales para perseguir la “desinformación” en tanto atentado contra la salud pública.
Edison Lanza, relator especial para Libertad de Expresión de la CIDH. ARCHIVO
SEGUIMIENTO A BOLIVIA
Lanza entiende que el momento político en Bolivia, marcado por la polarización y la crispación de las partes en disputa, resulta muy hostil para el ejercicio de la libertad de expresión, en especial de medios, periodistas y activistas.
Advierte que el panorama boliviano actual es complejo, porque tiene un gobierno transitorio llamado a convocar a elecciones y restablecer la legitimidad democrática de sus autoridades e instituciones. “Eso sería fundamental para las libertades”, afirma.
Reconoce que, durante los casi 14 años de gestión de Evo Morales, los medios y periodistas bolivianos enfrentaron escenarios críticos, como la estigmatización del trabajo periodístico, la imposición del avisaje gratuito o la falta de una ley de acceso a la información pública. “Bolivia es de los pocos países que no tiene una ley de acceso a la información en la región, que ya ha dado este paso hace como 15 años”, dice.
La crisis política postelectoral dio lugar al gobierno transitorio de Jeanine Áñez, al cual vienen haciendo seguimiento organismos internacionales que velan por el respeto a los derechos humanos, entre ellos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.
Entre los hechos denunciados por la Comisión y la Relatoría, durante y después de la crisis del 20 de octubre, están el uso excesivo de la fuerza, así como agresiones y hostigamientos a periodistas, perpetrados por distintos actores políticos, policiales y militares.
Ya en el contexto de la pandemia de COVID-19, la Relatoría ha observado formalmente disposiciones gubernamentales como el Decreto 4220, que “a nuestro juicio, establece una fórmula desproporcionada y no acorde al derecho internacional para perseguir a quienes eventualmente el Gobierno entienda que desinforman, con todos los problemas que tiene la definición de desinformación”, precisa Lanza.
No obstante, su despacho está pendiente de la eventual modificación de ese acápite normativo en torno a la desinformación, del que preliminarmente se sabe que habría sido modificado para no contravenir los estándares interamericanos en la materia.
En esta misma línea, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión ha solicitado informes sobre la aplicación de normas como el citado Decreto 4220, ante el riesgo de que sean atentatorias contra el trabajo de los periodistas, los cuales estarían siendo perseguidos penalmente por la Justicia, bajo el argumento de cometer actos desinformativos o sediciosos.
Lanza se refiere al caso de Mauricio Jara, quien, acusado de ser “guerrero digital del MAS”, ha sido imputado por la Fiscalía bajo los cargos de “sedición y atentado a la salud pública” y de “instigación pública a delinquir”, en virtud de los cuales fue detenido preventivamente en el penal de Palmasola (Santa Cruz).
Sobre este hecho se pronunciaron públicamente más de 40 periodistas bolivianos, que tildaron de ilegal el accionar del Ministerio Público y lo atribuyeron a una tendencia contraria a la libertad de expresión de las autoridades en funciones; una posición que fue cuestionada por el ministro Arturo Murillo.
La Relatoría aún está a la espera de la respuesta oficial del Estado boliviano en torno a este y otros casos, sobre los que confía en tener información más fidedigna antes de pronunciarse. Después de todo, es parte del diálogo, complejo pero real, que mantiene esta oficina con el Gobierno transitorio de Áñez, admite Lanza.
Más recientemente, desde su cuenta en Twitter, la Relatoría ha manifestado su apoyo a la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) en su solicitud ante el Gobierno transitorio para ser escuchada en torno a los efectos económicos de la cuarentena sobre la estabilidad de los medios de comunicación escritos y sus trabajadores.
“Sí me preocupa, como relator y como periodista, que desaparezcan los medios de comunicación”, dice y anticipa que, en los próximos dos meses, espera abrir espacios regionales para compartir experiencias y discutir la sustentabilidad económica de las empresas comunicacionales, gravemente heridas por la crisis sanitaria.
