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ARTÍCULO: La violencia contra la mujer al interior de las instituciones públicas

CAMPAÑA NACIONAL MULTIMEDIA: “POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES”

(APC Bolivia. Jackeline Rojas). En Bolivia, con el proceso de cambio iniciado por el gobierno de Evo Morales se empezó a trabajar en diversas leyes con el objetivo de mejorar la vida de los bolivianos y bolivianas, entre esas normas se contemplaron las que posibilitarían reducir los índices de violencia al interior de los hogares y reducir las brechas que impedían una mayor participación de la mujer en espacios públicos. Son cambios que siguieron y aún siguen en proceso de aceptación e implementación.

La parte más dura es cambiar la mentalidad de la sociedad que aún replica modelos patriarcales en todos los campos de la vida pública y privada provocando que la violencia se mantenga vigente y haga parte del cotidiano. El terreno de lo público es un campo minado en el que el blanco fácil y visible es la mujer, al margen del cargo que ocupe, violencia en las instituciones públicas la viven desde la mujer que se ocupa de la limpieza hasta la directora o jefa principal de una dirección o unidad de trabajo en cualquier instancia, ministerios, direcciones departamentales, municipales e incluso en instituciones educativas y culturales.

Quizá la omisión involuntaria es que las principales normas no están contempladas en los reglamentos internos de personal con los que las instituciones públicas rigen su actuar en lo interno, vale decir, la violencia no se impide, reprime o castiga al interior de lo público. Las faltas al respeto, la amenaza, las agresiones físicas o verbales están integradas en supuestas actividades nombradas como: Faltas de disciplina, las mismas que no conllevan castigos relevantes, solo llamadas de atención, (memos), hechos que podrían generan mayor violencia ya que el denunciado se ocupará de buscar maneras de venganza contra la denunciante, en lugar de tomar conciencia sobre la gravedad de sus actos. Y si bien, se tiene la Ley 243 sobre el acoso político, implica intervención judicial, el ingreso a un proceso sin perspectiva de finalizar de forma positiva para quien haya sufrido el delito.

En ese orden de cosas, la difamación, la mentira y la calumnia son acciones repetidas que se replican en el entorno de funcionarias agredidas, el chisme es una distracción tentadora entre los funcionarios públicos, en esos casos no existe la tan mentada ‘’solidaridad de género‘’, menos la sororidad, ya que las mujeres que no han sido agredidas por el agresor en lugar de tomar una posición de defensa de la agredida, vuelcan toda su ira contra la misma a favor del agresor, en esos casos, las escusas son: ella coqueteaba con todos y dio lugar a que se propasaran o pensaran mal, ella fue rechazada por el fulano y ahora quiere dejarlo sin trabajo y el pobre tiene familia. Esos son los argumentos comunes, y la intención común de responsabilizar a la mujer en cualquier caso y circunstancia, de no pensar que ella también tiene familia y que, de hecho, su trabajo corre peligro a raíz de un incidente que, también en la mayoría de los casos, no fue buscado por ellas.

Entre las razones por las que las mujeres se hacen enemigas de otras mujeres está vigente ese pensamiento patriarcal que todas, sobre todo las generaciones adultas, hemos heredado; la creencia de que el varón se merece toda la comprensión posible porque solo obra por ‘’instinto ‘’, en cambio, claro, la mujer es la que provoca. En ese afán de defenestrar, reducir a la mujer, en ese afán de continuar con la competencia absurda de las mujeres de demostrar que son mejores que otras para ganar la aprobación de un varón, se reduce la capacidad intelectual y laboral de una mujer.

Se suele decir, por ejemplo, cuando una profesional alcanzó un cargo importante, que lo hizo porque se acostó con el director o con el jefe superior de la institución en cuestión, nunca o casi nunca se menciona o se destaca los talentos que la mujer pudiese tener. Para nutrir la guerra, existe el sabotaje, esas acciones encaminadas a dañar cualquier actividad, proyecto o logro que la mujer pudiera alcanzar, es una espiral constante, una violencia clara entre el agresor y la agredida y su entorno, pero disimulada, encubierta y silenciosa.

Y si la víctima no tiene formas para defenderse, si la víctima no tiene aliados al interior, el resultado de esa contienda puede imaginar cualquiera. Para que una mujer, asuma la función pública se requiere grandes dosis de valor y un estado de alerta permanente para no caer en las posibles trampas que le preparen esas personas dispuestas a hacer prevalecer su hegemonía y su pensamiento patriarcal.

Una joven que hacía la limpieza quedó embarazada del portero de una institución, quien además era casado. La solución que tomó el jefe administrativo fue despedir a la trabajadora y proteger al portero. O el caso de una mujer jefa cuyo personal varón se dio a la tarea de buscar y difundir cosas de su vida privada con tal de que, de algún modo, así sea, a plan de mentiras, la expulsen del trabajo. Como estos hay muchos casos, denunciados o no, finalmente es un viacrucis amargo por el cual las mujeres que asumen defensa pasan y no existen instancias a las que puedan acudir para ser protegidas, a no ser claro, que deban enfrentarse a denunciar públicamente y ser a la vez, despreciadas por una sociedad dispuesta a condenar a las denunciantes.

Las instancias que existen deben cuidar que los hechos de violencia al interior de lo público no se revelen, el fin ante todo es evitar escándalos que pudieran afectar la gestión de un jefe x o de un director, gerente, ministro etc, por eso es que se hace lo imposible para minimizar esos casos o que los mismos se archiven y se olviden, el lado social y humano de la cuestión queda en segundo plano. Sin embargo, existen formas que aun, quizá, no se hayan analizado.

 El gobierno central y los gobiernos departamentales y municipales deben implementar ‘’agentes culturales ‘’, una iniciativa que puede fomentar la capacitación de funcionarios públicos no solo en las leyes vigentes contra la violencia, sino también, en que sean ‘’vigilantes anónimos‘’ al interior de las instituciones públicas, es decir, que además de las funciones para las que han sido contratados, elaboren informes periódicos sobre el accionar tanto de hombres como mujeres al interior, que documenten acciones misóginas, racistas, violencia verbal, sabotajes laborales y más. Agentes que tengan la tarea de recordar a todos los integrantes de instituciones públicas que ya no está vigente el comportamiento machista y que la sociedad va en proceso de cambio.

Se vigila y se denuncia sobre posibles hechos de corrupción con departamentos anticorrupción en las instituciones públicas, sin embargo, no existen departamentos o direcciones contra la violencia. Se entiende que no puede haber recursos para todas las necesidades en una economía que lucha por levantarse, pero hay maneras de implementar proyectos que vayan en pro de mejorar el desarrollo social y humano del país.

Por Jackeline Rojas Heredia. Foto: Ilustrativa (Arch. erbol)

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