A tres años de la masacre de Sacaba
(APC Bolivia). Hace 3 años, después de que el régimen de facto se apoderó del poder, ocurrió la masacre de Sacaba. Un operativo militar y policial dejó el saldo de 10 muertos, 36 heridos por armas de fuego y centenar de heridos. La mandataria inconstitucional Jeanine Áñez y su gabinete ordenaron el operativo. El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes señala que la Policía y las FFAA actuaron con la intención de matar y calificó las muertes como ejecuciones sumarias.
El 15 de noviembre de 2019, una marcha de los productores de hoja de coca del Trópico trató de ingresar pacíficamente a Cochabamba por la población de Sacaba, el Abra y zona sur, pero fueron contenidos por fuerzas combinadas de la Policía y el Ejército. Al mando de la policía se encontraba el coronel Jaime Edwin Zurita Trujillo y al mando se los militares se encontraba el general Alfredo Cuéllar.
La Policía y las Fuerzas Armadas habían decidido previamente que la marcha no podría pasar hacia Cochabamba. Así, en una reunión previa a la marcha el coronel Jaime Zurita amenazó al dirigente de la Federación de Campesinos de Cochabamba, Jhonny Pardo: “los voy a cazar” y “no queremos aniquilarlos”.
También se encontraba una patrulla de satinadores (tropa de élite del Ejército), un avión caza K-8 y dos helicópteros que realizaban vuelos rasantes para intimidar a los marchistas. En ningún momento se comprobó agresiones físicas a las fuerzas combinadas de parte de los marchistas y no se registraron heridos por proyectil de arma de fuego entre los miembros de las fuerzas de seguridad.
Los policías iniciaron la gasificación y siguieron los militares que, al principio dispararon gases, luego sus armas de fuego que dejaron el saldo de 10 muertos y un centenar de heridos. Múltiples testimonios recogidos por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) relatan que policías o militares dispararon contra la multitud.
El informe del GIEI sostiene que las Fuerzas Armadas y la Policía fueron responsables de graves violaciones de los derechos humanos en el operativo realizado en Sacaba el 15 de noviembre de 2019. Las fuerzas estatales actuaron en violación de su obligación de respetar y proteger los derechos y las libertades consagrados en la CADH y otras normas imperativas del derecho internacional de los derechos humanos
“Como resultado, hubo una masacre con 10 civiles muertos y cerca de un centenar de personas heridas. Las pruebas indican, además, una mayor probabilidad de que las fuerzas policiales y militares del Estado actuaron con la intencionalidad de matar a las personas en la protesta, aunque estuviesen en fuga. El EAAF concluye que las lesiones que causaron las muertes permiten inferir que se debieron a proyectil de alta velocidad-fusil. En los términos de la jurisprudencia de la Corte IDH, se podría, en ese caso, calificar las muertes como ejecuciones sumarias”, refiere el informe.
Las autopsias de los diez fallecidos reportan lesiones vitales causadas o compatibles con proyectil de arma de fuego. Algunos hallazgos relevantes son que las lesiones son todas en el abdomen, tórax y cabeza. Siete de las víctimas presentaban orificios de entrada y salida de proyectil de arma de fuego, lo que es indicativo de disparos con rifles y munición de alta velocidad. Solamente dos víctimas fueron alcanzadas por balas que penetraron de atrás para adelante, lo que contradice la declaración del ministro de Defensa en la fecha del 16 de noviembre de 2019.
De acuerdo con los informes de balística de los diez fallecidos de Sacaba, solo se logró recuperar un proyectil calibre 5,56 x 45 mm, dos fragmentos de proyectil y en ocho casos no se recuperó proyectil, puesto que los cuerpos tenían orificio de entrada con orificio de salida. El calibre 5,56 x 45 mm /,223 R, pertenece a armas de fuego, tipo fusil-alta velocidad. Las descripciones de las lesiones por proyectil de arma de fuego consignadas en los respectivas necropsias y revisadas fotografías de las lesiones, muestran una gran severidad y destrucción de las estructuras óseas comprometidas al paso del proyectil, las cuales infieren fueron producto del paso de un proyectil de alta velocidad-fusil.
El entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo, señaló al día siguiente que los disparos que provocaron la muerte de personas y decenas de heridos habrían provenido de los mismos manifestantes. “Denunció” ante la prensa que tenía videos que demostraban que personas fallecidas tenían heridas de bala en la nuca: “¿Cómo han podido recibir un tiro ahí?, ¿el compañero de atrás le disparó? Lo que decían: hagamos daño y les echamos la culpa a ellos. Aquí hay una mente macabra que está detrás y todos sabemos quién es […]. Ya estaban los ataúdes listos y los letreros también”.
El comandante departamental de la Policía de Cochabamba declaró ante la Comisión de la Asamblea Legislativa Plurinacional y señaló que escuchó disparos provenientes “de la turba y que la tanqueta de los militares había recibido más de 30 disparos.
Sin embargo, el GIEI investigó exhaustivamente los hechos y no encontró evidencia de disparos realizados por los marchistas, no hubo un enfrentamiento porque no existen heridos ni fallecidos entre miembros de la Policía y el Ejército y la prensa. Tampoco pudo verificar los daños al vehículo blindado de la Fuerza Aérea, supuestamente alcanzado por balas durante la manifestación. No se logró localizar fotos o videos que revelen el hecho. En el expediente no se incorporó el peritaje al blindado ordenado por la Fiscalía.
El GIEI se remite al Informe de la Defensoría del Pueblo que registra un total de 223 personas detenidas durante la jornada del 15 de noviembre. Sesenta mujeres y 152 hombres fueron remitidos a la UTOP y 11 arrestados a la FELCC. Nueve detenidos quedaron en prisión preventiva.
Pasaron tres años desde la masacre de Sacaba y después de la recuperación de la democracia, Áñez fue sentenciada a 10 años de cárcel por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes e incumplimiento de deberes debido a que se autoproclamó presidenta de Bolivia violando la Constitución Política del Estado (CPE) y el reglamento de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Añez guarda detención en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes, La Paz. Altos mandos militares de las Fuerzas Armadas y de la Policía también fueron sentenciados.
FUENTE: Viceministerio de Comunicación
