Agencia Plurinacional de Comunicación - Boliviahttp://www.apcbolivia.orgElecciones regionales y asesinato de líderes sociales en Colombia../rss/noticia.aspx?fill=5642608/02/2019<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif">(ALAI. Pedro Santana Rodr&iacute;guez).- En Colombia, el r&eacute;gimen hace esfuerzos denodados por elevar a primer plano de preocupaci&oacute;n la situaci&oacute;n en Venezuela y su desenlace, en el cu&aacute;l el gobierno de Iv&aacute;n Duque de manera irresponsable se ha alinderado con los gobiernos de la extrema derecha y con el gobierno de Trump en sus esfuerzos por desestabilizar a&uacute;n m&aacute;s al gobierno de Nicol&aacute;s Maduro que se debate en una crisis profunda no solo por el bloqueo econ&oacute;mico y la beligerancia pol&iacute;tica de sus contradictores sino por el fracaso de un modelo rentista cuya base casi &uacute;nica de sustento es la explotaci&oacute;n de sus recursos naturales y en primer plano de la explotaci&oacute;n petrolera, pero tambi&eacute;n, preso de una enorme corrupci&oacute;n y por el cierre de espacios democr&aacute;ticos para una oposici&oacute;n que tampoco atina pues de manera irreal plantea una salida sin el chavismo que por lo visto tiene a por lo menos la mitad de poblaci&oacute;n del pa&iacute;s. La salida en Venezuela debe respetar la soberan&iacute;a nacional para que los venezolanos encuentren alternativas que les permita resolver la enorme polarizaci&oacute;n pol&iacute;tica en la que se encuentra el pa&iacute;s.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif">El Gobierno de Duque sin medir consecuencias se ha alinderado de manera beligerante y activa en contra del Gobierno de Maduro reconociendo al auto proclamado presidente, Juan Guaid&oacute; sin ninguna base legal o constitucional. La crisis de abastecimiento de alimentos y medicinas no es un invento, es real. Como tambi&eacute;n es real la emigraci&oacute;n de la poblaci&oacute;n venezolana. A Colombia han llegado cerca de un mill&oacute;n de venezolanos cifra que podr&iacute;a aumentar si hay una intervenci&oacute;n militar en el vecino pa&iacute;s que hay que condenar y a la cual debemos oponernos los dem&oacute;cratas de Colombia y de Latinoam&eacute;rica. Hay que apoyar de manera decidida la propuesta de M&eacute;xico y Uruguay de construir un di&aacute;logo con la mediaci&oacute;n de estos y otros pa&iacute;ses para encontrar salidas negociadas en Venezuela.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif">Al tema de Venezuela y su crisis y al intervencionismo guerrerista del Gobierno de Iv&aacute;n Duque se ha sumado el tema del terrorismo a ra&iacute;z del atentado perpetrado el pasado 17 de enero a la Escuela de Cadetes General Santander en Bogot&aacute; con el saldo ya conocido de 22 muertos y cerca de 80 heridos. El atentado perpetrado por el Ej&eacute;rcito de Liberaci&oacute;n Nacional, ELN, hizo trisas las posibilidades de avanzar hacia una paz completa y arras&oacute; a su paso con la mesa de negociaciones con este grupo insurgente. Como hemos se&ntilde;alado en otros textos estos dos temas quieren ser puestos por Duque en el centro de la agenda pol&iacute;tica pues constituir&iacute;an una estrategia adecuada para detener o debilitar, por lo menos, el ascenso de las movilizaciones populares y de los estudiantes universitarios y de &eacute;sta manera lograr influir en la coyuntura electoral de Octubre de este a&ntilde;o en que se elegir&aacute;n 32 gobernadores departamentales, el Alcalde de Bogot&aacute; y otros 1.212 alcaldes municipales en todo el pa&iacute;s. Se quiere adem&aacute;s detener el avance de las fuerzas independientes y de oposici&oacute;n que han mostrado un ascenso sostenido tanto en las elecciones parlamentarias de marzo de 2018 como en las elecciones presidenciales en primera y en segunda vuelta presidencial.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif">Violencia, crisis de la descentralizaci&oacute;n y corrupci&oacute;n el contexto de las elecciones regionales</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif">Como indicamos en un reciente art&iacute;culo son m&uacute;ltiples los factores de contexto en el cual se realiza la campa&ntilde;a electoral que formalmente arranc&oacute; a finales de octubre del a&ntilde;o 2018. i All&iacute; destacamos tres elementos que ahora queremos ampliar y complementar con otros problemas de crucial importancia. En primer t&eacute;rmino la ventaja de los partidos tradicionales que cuentan con grandes vol&uacute;menes de recursos de parte de empresas contratistas quienes donan ingentes sumas de dinero para esas campa&ntilde;as y a cambio esperan ser bien retribuidos con jugosos contratos por parte de los candidatos ganadores en las gobernaciones y las alcald&iacute;as municipales una vez posesionados.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif">Como se se&ntilde;al&oacute; en las elecciones de 2015 y de acuerdo con una reciente investigaci&oacute;n de la Misi&oacute;n de Observaci&oacute;n Electoral, MOE, 485 donantes a campa&ntilde;as pol&iacute;ticas recibieron contratos p&uacute;blicos de departamentos y municipios por valor de 169 mil millones de pesos. El 65% de los 2.410 contratos otorgados a los financiadores de las campa&ntilde;as fueron adjudicados a dedo lo que f&aacute;cilmente se podr&iacute;a interpretar como retribuci&oacute;n a la donaci&oacute;n hecha en campa&ntilde;a. Solo el 34% restante fueron licitaci&oacute;n p&uacute;blica, subastas y concurso de m&eacute;ritos. As&iacute; pues los partidos tradicionales mayoritariamente cuentan con mucho dinero para financiar sus campa&ntilde;as en detrimento de opciones independientes y de oposici&oacute;n en dichos territorios.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif">Un segundo factor que deben enfrentar las opciones independientes y en general todas las autoridades departamentales y municipales tiene que ver con la escasez de recursos puesto que desde el a&ntilde;o 2001 se ha operado una recentralizaci&oacute;n de los recursos p&uacute;blicos mediante reformas constitucionales que disminuyeron la participaci&oacute;n de departamentos y municipios en los ingresos corrientes de la naci&oacute;n. Ahora solo van a las arcas municipales y departamentales 20% del total. Pero tambi&eacute;n habr&iacute;a que agregar que en la mayor parte de los municipios no se hacen las reformas ni se aprueban los instrumentos para aumentar los ingresos propios dado el retraso y el peso de los propietarios de tierras que pagan muy pocos impuestos.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif">Y para las fuerzas de la izquierda y el centro pol&iacute;tico existe un tercer reto y es el de lograr candidaturas de Unidad alrededor de programas m&iacute;nimos que pongan en el centro la inversi&oacute;n social, la protecci&oacute;n del agua y el medio ambiente, los presupuestos participativos, la participaci&oacute;n ciudadana y la protecci&oacute;n de sus recursos naturales. Y ello pasa por mecanismos de consulta popular para que los ciudadanos decidan entre los precandidatos inscritos y de esta manera se pueda enfrentar adecuadamente y con candidatos &uacute;nicos a los candidatos tradicionales de la derecha. Hay avances en esta materia como por ejemplo el Acuerdo que lograron independientes, Alianza Verde, Polo Democr&aacute;tico, Colombia Humana y hasta el partido FARC, que suscribieron el pasado domingo 3 de febrero un acuerdo para realizar una consulta entre cinco precandidatos para tener un solo candidato a la Gobernaci&oacute;n en el Departamento del Putumayo. Ese es el camino. Tambi&eacute;n fue la conclusi&oacute;n de un Taller celebrado en Dosquebradas Risaralda entre todas las fuerzas de centro e izquierda para tener un solo candidato a la Gobernaci&oacute;n de este departamento y a las 14 alcald&iacute;as municipales.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif">Ahora bien a los problemas precedentes hay que agregar dos sumamente graves que afectar&aacute;n y ya vienen afectando a la campa&ntilde;a electoral en curso. El primero es el asesinato de l&iacute;deres sociales y defensores de derechos humanos y el segundo la violencia que se manifiesta en contra de candidatos y precandidatos en el proceso electoral en curso.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif">Seg&uacute;n la Defensor&iacute;a del Pueblo entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018 fueron asesinados 431 l&iacute;deres sociales en Colombia. Para Indepaz, una ONG independiente que hace seguimiento a esta problem&aacute;tica 566 l&iacute;deres sociales y Defensores de Derechos Humanos han sido asesinados desde el 1 enero de 2016 y hasta el 10 de enero de 2019. Pese a las discrepancias en las cifras el hecho es de una magnitud muy grande. Todas las investigaciones muestran que un 56% de los asesinatos de l&iacute;deres y lideresas sociales se han producido en territorios que antes eran controlados territorialmente por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, en 172 municipios, que a su vez son los territorios priorizados para la implementaci&oacute;n de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDT, y a quienes el uribismo neg&oacute; la posibilidad de contar con 16 representantes a la C&aacute;mara mediante la conformaci&oacute;n de unas circunscripciones especiales de Paz.<br /> &nbsp;<br /> Una reciente investigaci&oacute;n que busc&oacute; ahondar en los patrones de los asesinatos de los l&iacute;deres sociales que fue coordinada por la Comisi&oacute;n Colombiana de Juristas y cont&oacute; con la participaci&oacute;n de la Universidad Nacional y otras organizaciones sociales examin&oacute; los 343 asesinatos de l&iacute;deres registrados entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de julio de 2018. Concluye el estudio que el asesinato de los l&iacute;deres sociales en Colombia es el resultado de &ldquo;una violencia met&oacute;dica y no aleatoria. Desde la firma del acuerdo de Paz en noviembre de 2106 el asesinato de los l&iacute;deres sociales y defensores de derechos humanos va en aumento. En este universo el estudio encontr&oacute; que 118 de los casos no fueron identificados los autores, 44 fueron cometidos por paramilitares, 35 por grupos armados sin identificar, 19 por disidencias de las FARC, 15 por un civil que ha sido capturado, pero no ha sido identificado si pertenece a alguna organizaci&oacute;n, 11 por el ej&eacute;rcito, 8 por el ELN, 4 por seguridad privada, 3 por la Polic&iacute;a Nacional y 2 por el EPL&rdquo;. ii</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif">Los motivos principales de los asesinatos de l&iacute;deres tienen que ver con el control territorial, social y pol&iacute;tico de territorios en disputa que buscan controlar las rentas ilegales provenientes del narcotr&aacute;fico y el control de los cultivos de uso il&iacute;cito, control de la miner&iacute;a ilegal, oposici&oacute;n a los procesos de restituci&oacute;n de tierras, desarrollo de megaproyectos de explotaci&oacute;n de los recursos naturales. En Colombia hay m&aacute;s territorio que Estado. En cerca de 300 municipios del pa&iacute;s no existe autoridad civil o es muy d&eacute;bil. Esta problem&aacute;tica se profundiz&oacute; en estos territorios cuando las FARC que ejerc&iacute;an dominio territorial en ellos sali&oacute; y el Estado no acudi&oacute; all&iacute; para dominar territorialmente esas regiones apartadas del pa&iacute;s. Ante este vac&iacute;o llegaron actores armados ilegales para hacerse al control del narcotr&aacute;fico y la miner&iacute;a ilegal chocando con los l&iacute;deres comunales que intentan llenar el vac&iacute;o y se oponen a la presencia de estos actores ilegales. Es obvio que en estos municipios del pa&iacute;s la campa&ntilde;a electoral esta enrarecida y los candidatos y l&iacute;deres sobre todo de las fuerzas de oposici&oacute;n e independientes son amenazados y los l&iacute;deres sociales asesinados. Duque ocupado en los temas de Venezuela y en los grandes l&iacute;os de corrupci&oacute;n de sus principales socios de Gobierno no atina a dar una respuesta contundente. As&iacute; que tendremos unas elecciones con no pocos riesgos de violencia en esos territorios.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif">Y un segundo factor es la violencia que se ejerce contra actores pol&iacute;ticos. La primera de ella es el asesinato de 87 excombatientes de las FARC. Esta problem&aacute;tica es muy grave toda vez que limita el accionar pol&iacute;tico de esta fuerza que a pesar de todos los inconvenientes e incumplimientos en el proceso de Paz siguen en su empe&ntilde;o de reincorporaci&oacute;n a la vida civil y a la organizaci&oacute;n de una fuerza pol&iacute;tica ahora en la legalidad.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif">Pero tambi&eacute;n se presenta ahora el fen&oacute;meno de las agresiones, amenazas y asesinatos de l&iacute;deres pol&iacute;ticos, servidores p&uacute;blicos y precandidatos a las elecciones de este pr&oacute;ximo mes de octubre. La Misi&oacute;n de Observaci&oacute;n Electoral, MOE, que hace seguimiento a riesgos por violencia pol&iacute;tica en los procesos electorales ha se&ntilde;alado en informe reciente que desde el mes de octubre y hasta finales del mes de enero, se han presentado 30 agresiones. Dos precandidatos a las alcald&iacute;as municipales fueron asesinados en menos de una semana. En Cerrito, Valle del Cauca, fue asesinado el 24 de enero Silvio Monta&ntilde;o Arango quien aspiraba a la alcald&iacute;a de dicho municipio y en San Jos&eacute; de Ur&eacute;-C&oacute;rdoba, fue asesinado Jorge Herney Castrill&oacute;n el pasado 30 de enero.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif">As&iacute; mismo fueron amenazados los precandidatos a la Alcald&iacute;a de Bogot&aacute; Claudia L&oacute;pez y Antonio Navarro as&iacute; como la excandidata a la vicepresidencia de Colombia Humana, &Aacute;ngela Mar&iacute;a Robledo y el excandidato presidencial Gustavo Petro, entre otros. Los autores de estas amenazas se escudan bajo la denominaci&oacute;n de un grupo paramilitar autodenominado Las &Aacute;guilas Negras del cual no se conoce m&aacute;s que la sigla pues no hay registro de comandos, mandos, estructura. Parece m&aacute;s una raz&oacute;n social que una organizaci&oacute;n paramilitar.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif">Estos son pues los riesgos mayores que afronta el proceso electoral en curso. Se requiere avanzar en un pacto nacional para sacar las armas de la pol&iacute;tica. Pero en vez de ello el uribismo promueve que los civiles se armen como si ya no tuvi&eacute;ramos la experiencia de muerte tras la legalizaci&oacute;n de los grupos de autodefensa en las llamadas Cooperativas de Seguridad, CONVIVIR, que fueron la fachada de los grupos paramilitares. Duque insiste en este camino y ha hablado de poner en marcha esta pol&iacute;tica totalmente err&oacute;nea de las redes de cooperantes civiles con las Fuerzas Armadas en cuyo seno hay grupos ligados a estas estructuras criminales sin que hayan sido desmantelados. Estos son entonces otros de los retos a los que se enfrentan las fuerzas de centro e izquierda en esta coyuntura.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif">Bogot&aacute; 7 de febrero 2019.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif">- Pedro Santana Rodr&iacute;guez, director Revista Sur, Colombia.</span></p>