APCBOLIVIA | Bolsonaro: 100 días de guerra contra los pueblos originarios

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Bolsonaro: 100 días de guerra contra los pueblos originarios



(La República. Uruguay).- Cuando Jair Bolsonaro asumió la presidencia de Brasil el 1 de enero, los pueblos indígenas del país y sus aliados en todo el mundo se prepararon para lo peor. Prometió que no habría ni un centímetro más de tierra indígena protegida bajo su liderazgo. Anunció su intención de integrar por la fuerza a los pueblos indígenas “al igual que el ejército, que hizo un gran trabajo en esto”, pero dijo que era “una pena que la caballería brasileña no fuera tan eficiente como la estadounidense, que exterminó a los indios”. Parece ser que todos los temores estaban fundados, y esta administración está lanzando abiertamente un ataque sin precedentes contra los pueblos indígenas de Brasil con el objetivo explícito de destruirlos como pueblos, asimilarlos por la fuerza y saquear sus tierras.

La segunda es que hay alguna esperanza de que se pueda detener este ataque genocida. Las instituciones, los tribunales y el congreso de Brasil pueden proporcionar bloqueos legales y prácticos si tienen la voluntad, y los propios pueblos indígenas se están organizando y movilizando contra este ataque a escala local y nacional, y ya han obtenido notables victorias.

A principios de este año, Survival International secundó la mayor manifestación internacional por los derechos de los pueblos indígenas que ha habido jamás. Se alzaron voces y pancartas en todo el mundo en solidaridad con los pueblos indígenas de Brasil, quienes a su vez llevaron a cabo decenas de manifestaciones.

En su primer día en el cargo, Bolsonaro quitó la responsabilidad de la demarcación y regulación de los territorios indígenas del Departamento de Asuntos Indígenas (FUNAI) y se la encomendó al Ministerio de Agricultura. Esta jugada estaba claramente destinada a poner coto a cualquier protección adicional de tierras indígenas, y eso es lo que ha sucedido. La nueva ministra de Agricultura de Bolsonaro es Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias, exjefa del grupo parlamentario de la agroindustria, que aceptó una donación para la campaña electoral de un terrateniente que ya había sido acusado de ordenar el asesinato de un líder indígena. El responsable ministerial de los asuntos de demarcación de tierras es Nabhan García, antiguo dirigente de la Unión de Demócratas Ruralistas, que ha luchado contra las demarcaciones del territorio indígena durante décadas.

Sin embargo, estas decisiones políticas todavía no están establecidas por ley. La restructuración ordenada por el Presidente está en vigor durante 120 días y luego debe ser aprobada por el Congreso. Además del legislativo, el poder judicial puede contribuir de modo decisivo a moderar los peores excesos de Bolsonaro. El Gobierno ha invocado la “seguridad nacional” para pisotear los derechos constitucionales de los pueblos indígenas. La tribu waimiri atroari se opone a la instalación sin su consentimiento de un tendido eléctrico a lo largo de más de 100 kilómetros de su territorio, que, aunque transportará electricidad a ciudades como Manaus, no proporcionará energía a las aldeas o asentamientos indígenas dentro de la reserva. El Gobierno ha anunciado que el proyecto comenzará a ejecutarse el 30 de junio. Naturalmente, los miembros de la tribu están luchando contra la decisión.

Bolsonaro sostiene que “Brasil no debe nada al mundo en relación a la preservación del medio ambiente” y ha cambiado el procedimiento de concesión de licencias medioambientales para facilitar la construcción en tierras indígenas. Se han anunciado varios proyectos nuevos de grandes infraestructuras, incluida una presa en el río Trombetas, un puente sobre el río Amazonas y una prolongación de la carretera de 500 kilómetros que cruzará la selva tropical desde el río Amazonas hasta la frontera con Surinam.

El Gobierno también ha amenazado con retirar a Brasil del crucial tratado internacional sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales, el llamado Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Esto debilitaría aún más los derechos de los indígenas y eliminaría una importante fiscalización internacional independiente. El Convenio 169, ratificado por Brasil en 2002, ha sido invocado por jueces en sus sentencias y por fiscales, que tienen la obligación constitucional de procesar al Estado cuando viola los derechos indígenas.

Sin embargo, los invasores ilegales de tierras no esperan a que se apruebe la legislación o que los jueces dictaminen, y al menos 14 territorios indígenas están siendo atacados actualmente. En lo que es esencialmente una guerra de fronteras, empresas madereras, mineras, petroleras y ganaderas consideran ahora, con razón, que el presidente está de su lado. Durante la campaña electoral, la deforestación se disparó casi un 50 %, y las invasiones de tierras aumentaron un 150 % desde que resultó elegido en octubre del año pasado.

Ya están muy avanzados los preparativos para el Abril Indígena anual, cuando miles de indígenas se reúnen en la capital, Brasilia, para protestar contra las políticas gubernamentales, poner de manifiesto sus preocupaciones y sacar a relucir la diversidad cultural y la riqueza del país ante todos los brasileños. Este año, por supuesto, hay más motivos que nunca.